Por: Redacción/

La Comisión de Gobernación, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo, aprobó seis dictámenes. El primero busca reformar los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de sancionar a los servidores públicos que violen este ordenamiento; puede ser desde una amonestación pública hasta una multa de cinco mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México.

La modificación también establece que tratándose del uso de recursos públicos para la presión, inducción o coacción del voto a los electores, se impondrá una sanción de entre cinco mil y diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México y, en caso de reincidencia, multa que constituya el doble de la sanción originalmente impuesta.

Al explicar el dictamen, su promovente, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), sostuvo que el próximo año se cumplirían 30 años de un sistema en el que los servidores públicos que resultan infractores en materia electoral gozan de un estatus especial.

“La autoridad electoral no los puede sancionar, está imposibilitada para sancionarlos, este sistema gigantesco en el que el servidor público se sabe impune por las violaciones que eventualmente pueda cometer es una inmensa anomalía del sistema electoral mexicano”, subrayó.

Con el nuevo gobierno es un factor de la mayor importancia porque no quiere tener servidores públicos que violen la ley electoral, en ningún sentido, en el ejercicio de sus funciones.

Por eso, dijo, pedimos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, el esfuerzo por llevar a cabo esta corrección de una anomalía histórica que ha creado un ambiente de impunidad.

También se aprobó reformar el artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para evitar que puedan ser integrantes del Órgano de Gobierno las personas que tengan o hayan tenido, en por lo menos cinco años previos al empleo, cargo o comisión, participación o intereses particulares o familiares en empresas que pudieran relacionarse o resultar beneficiadas con las operaciones de la entidad.

El dictamen busca evitar el conflicto de interés y el tráfico de influencias, así como asegurar que quien presida el organismo tenga la experiencia necesaria, conforme a un marco jurídico más exigente, que asegure el correcto funcionamiento de las entidades paraestatales.

Tal reforma implica que los directores generales, así como los de área, en dichas organizaciones deberán demostrar no tener o haber tenido en por lo menos cinco años participación o intereses particulares o familiares, en empresas que pudieran obtener beneficio de dicho nombramiento.

Los diputados Martha Tagle Martínez (MC) y Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena) plantearon acotar a que no sea cualquier familiar, sino los establecidos en la legislación de Servidores Públicos, y precisar en qué caso se presenta el conflicto de interés.

La instancia legislativa también avaló el dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para agregar que el Premio Nacional del Deporte se entregará por trayectoria destacada en el deporte mexicano y por el fomento, protección o impulso de esta práctica.

También establece que el consejo de premiación se integrará por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y los titulares de las comisiones del Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano AC, y del Comité Paralímpico Mexicano AC.

Asimismo, el dictamen indica que las candidaturas se propondrán al consejo de premiación dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre y a más tardar el 15 de octubre de cada año. Éste integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual entregará su dictamen debidamente fundado, motivado y por escrito al Consejo, a más tardar el 10 de noviembre.

Además, el reconocimiento se otorgará a un solo aspirante de entre las asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la Ley General de Cultura Física y Deporte. Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año, en el marco de los festejos conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana. El documento también deroga el capítulo IX de la ley “Premio Nacional de Mérito Deportivo”.

También se avaló el dictamen que declara febrero como “Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil”, toda vez que este padecimiento es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años de edad y tiene una tasa de supervivencia en México apenas de 56 por ciento, debido al retraso en su detección.

El documento señala que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el 52 por ciento de todos los cánceres infantiles es la Leucemia Aguda Linfoblástica, seguidos por los tumores ubicados en el sistema nervioso central, la médula espinal y los ganglios, de ahí la importancia de declarar un mes de concientización para este padecimiento.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM), proponente de este dictamen, enfatizó que con la aprobación se podrá visibilizar un gran problema como el cáncer infantil y ampliar las estrategias de prevención.

“El objetivo es de poder contar con un mes que nos permitirá difundir los síntomas y hacer una detección oportuna, pues en la actualidad el 75 por ciento de los niños llegan al hospital en etapas muy avanzadas”, argumentó la legisladora.

A su vez, se aprobó un dictamen para exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que sin menoscabo a las acciones y compromisos de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria, garanticen el cumplimiento de las funciones y objetivos del Instituto, particularmente los relativos a los procesos electorales locales 2018-2019.

El documento refiere que en este año se celebrarán elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, en las que las ciudadanas y ciudadanos elegirán a 183 representantes populares, por lo que el INE es responsable de coordinar con los órganos políticos locales electorales, diversas acciones de planeación, ejecución, seguimiento y control en dichos procesos. En el caso de Puebla, el proceso se está financiando con recursos presupuestarios que el congreso local asignó, por lo que no representa un impacto en las finanzas del INE.

Subraya que este organismo ha señalado que el recorte presupuestal de 8.3 por ciento respecto del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019 no afectaría sus funciones sustantivas y el ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, y que el cumplimiento de sus obligaciones en la organización de las elecciones que se celebrarán este año está garantizado, por lo que no existe riesgo en la integración de las casillas que se instalarán el próximo 2 de junio.

No obstante, formalizó una solicitud de ampliación presupuestal por 619.2 millones de pesos, la cual ha sido presentada por las vías institucionales conducentes.

De igual manera, se aprobó dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que difunda y publicite ampliamente en su portal de Internet la relatoría de las mesas sectoriales y los foros de consulta popular celebrados en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de que los interesados y particularmente, las y los diputados integrantes de esta legislatura conozcan la información en que se funda el diagnóstico, objetivos, estrategias, indicadores y metas definidos.

El sistema de planeación democrática fue instaurado como el mecanismo que permite precisar, conjuntar, orientar y potenciar esfuerzos que de manera aislada pueden ser contradictorios, duplicados o menos efectivos. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo permite generar y aplicar programas y políticas integrales a largo plazo y con orden y transparencia, tanto en la definición de criterios como en la asignación de recursos.

El documento señala que se debe hacer especial énfasis en la necesidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones, como la de incorporar entre los principios conductores de la planeación, los conceptos del carácter laico del Estado, la garantía de los derechos humanos y la transversalidad en materia de interculturalidad y de género; dar cuenta a la Cámara de Diputados de la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo en sus informes anuales y en los de la Cuenta Pública; la SHCP elaborará el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y lo someterá a consideración del Presidente de la República.

Finalmente, la diputada Barrera Badillo informó que el próximo 10 de abril se reunirán con el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell.