Por: Redacción/

La Comisión de Educación aprobó con 18 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el dictamen que deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a fin de eliminar cualquier viso punitivo para obligar a las y los docentes a realizar los procesos de evaluación que contempla este ordenamiento.

El dictamen elaborado por la instancia que preside la diputada Adela Piña Bernal (Morena), comparte la preocupación de las y los educadores de México, por la afectación de sus derechos y porque principalmente la Reforma Educativa, como fue planteada e implementada, no ha dado, a más de cinco años de su expedición, “ningún resultado que haya contribuido a elevar la calidad de la enseñanza en el país, sino todo lo contrario”.

Los indicadores de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), precisan que a pesar de haber sido una de las principales promotoras de la citada modificación, reconoce que el país continua presentando rezagos muy significativos en materia educativa, “lo que sin duda es un viso importante del inminente fracaso de la reforma de 2013”.

Se argumenta que el dictamen constituye sólo un primer paso, de los muchos que se tendrán que dar para contar, en materia educativa, con un marco jurídico eficiente, eficaz, legítimo y confiable, acorde a la realidad y necesidades del país y de cada una de sus regiones, a través de la discusión, debate y consenso.

El documento reconoce que la educación es base esencial para lograr el crecimiento de la nación y, en este sentido, debe constituirse en el eje principal de su progreso.

“Con el dictamen, la Cámara de Diputados desea enviar un mensaje a todo el magisterio nacional, para que tengan certeza de que sus derechos laborales no serán afectados y que se trabajará en torno a la construcción de un nuevo andamiaje jurídico que también garantice el interés superior de la niñez y de la juventud mexicana para acceder a una educación integral”.

Resalta que la calidad de la educación, no se logrará solo a partir de un servicio profesional docente, que evalúe solo a uno de los actores del Sistema Educativo Nacional. Para obtener las condiciones de eficacia y garantizar el interés superior del niño a recibir una educación de calidad, se requiere de una reforma integral, dejando de lado la visión de que las y los docentes son los únicos responsables de la catástrofe educativa que se vive en México, pues se debe reconocer la complejidad del fenómeno educativo y escolar que ocurre en nuestro país.

La presidenta de la Comisión argumentó que únicamente se busca quitar a la ley el aspecto punible. “No estamos haciendo una abrogación completa, porque el tema será del próximo gobierno”.

“El dictamen es únicamente para quitar lo punible, porque hasta el día 30 de noviembre las autoridades buscan, a través de oficios a los profesores, que se presenten a la evaluación. Esto es un primer pasó, efectivamente, para la intención que tienen las iniciativas más amplias de revertir la Reforma Educativa”.

Recordó que desde la Legislatura pasada, existen propuestas para la abrogación completa y plena; sin embargo, para ello debe haber un trabajo profundo, el cual lo iremos delineando en las próximas reuniones.

Aclaró que con la reforma no se eliminan los procesos de evaluación, pero sí cualquier viso de punibilidad a partir de lo manifestado por los maestros, quienes solicitan una valoración formativa y no punitiva.

Enfatizó que el dictamen a discusión no es un asunto de conflicto de interés. “Si bien la profesión de varios integrantes es la de profesor, no estamos en ejercicio, tampoco son sujetos a evaluación, porque tenemos años de no ejercer en la práctica docente cotidiana”.

Por su parte, la diputada priista Cynthia Iliana López Castro mencionó que la Reforma Educativa no practica una evaluación punitiva; por el contrario, se da a los profesores tres oportunidades para presentarla. Aseguró que “ustedes son juez y parte y que el próximo gobierno está en contra de la enseñanza de los niños”.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) se pronunció a favor de eliminar las disposiciones punitivas contenidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente y expresó su desacuerdo con castigar a los profesores. Subrayó que la Auditoría Superior de la Federación evidenció el fracaso de la Reforma Educativa y detectó que sólo se capacitó a casi el 5 por ciento de los maestros de educación básica y al 13.5 por ciento de los de media superior.

Por el PAN, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas estimó grave que se quiera ir en retroceso y aclaró que no está en contra de los derechos laborales de los maestros, por el contrario, “los hemos defendido siempre”. Consideró que el principal objetivo de la Comisión es el interés superior de los niños y jóvenes, por lo tanto, “me parece muy preocupante que queramos ir en retroceso y en perjuicio de ellos”.

La diputada María Chávez Pérez (Morena) comentó que la reforma no fue educativa, sino laboral. Enfatizó que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está preocupado, porque este ente burocrático lo que ocasiona son gastos, ya que nunca revisó la educación integral.

De la misma bancada, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez dijo que “la mal llamada Reforma Educativa”, en realidad fue laboral y administrativa. Es necesario una modificación “que no debe ser el resultado de una competencia, sino de una idea pedagógica pensada y consensuada para el bienestar de los niños y jóvenes de este país”.

La diputada panista Isabel Margarita Guerra Villarreal señaló que existe conflicto de intereses, porque algunos legisladores también son docentes y, por tanto, son sujetos de evaluación, por lo que se deben excusar en este punto.

También del PAN, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera coincidió en que hay conflicto de intereses de algunos integrantes de la Comisión, porque sus posicionamientos los hacen en función de su actividad de docente y al gremio que pertenecen, por lo que se deben excusar de la discusión de dictámenes donde impliquen beneficios personales. Sostuvo que el hecho de retirar la evaluación para lograr la permanencia, es un beneficio laboral de su actividad.

De Morena, el diputado Azael Santiago Chepi consideró que el “fracaso de la Reforma Educativa” radica en que fue una imposición para violentar los derechos de los trabajadores de la enseñanza. Ahora, dijo, se debe discutir cómo garantizar los derechos de la niñez, la cobertura y que todos tengan el servicio educativo garantizado.

Comisión solicita a SEP asignación de plazas transparentes

En la sesión, se avalaron tres puntos de acuerdo; el primero, solicita al titular de la SEP que se transparente la asignación de plazas en el Servicio Profesional Docente.

Además, que publique en el portal de Internet del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, las bases de datos de los concursos que hayan tenido lugar, precisando al menos la siguiente información de cada uno de los folios de los sustentantes: 1) puntaje y nivel de desempeño en los exámenes, 2) posición en el orden de prelación, y 3) asignación de plaza (en su caso).

El segundo exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, y a las 32 entidades federativas, a que elaboren, estructuren y promocionen campañas informativas dirigidas a las comunidades escolares de tipo básico y media superior, sobre mecanismos de actuación ante la ocurrencia de desastres naturales y se brinde capacitación de primeros auxilios.

El documento sostiene que las comunidades escolares resultan ser, sin duda, espacios en los cuales, por la numerosa población que llegan a concentrar, requieren de toda la información necesaria para que sus integrantes puedan responder de la mejor manera ante la ocurrencia de un desastre, es decir, que conozcan los peligros, los riesgos, así cómo identificarlos, eliminarlos o reducirlos, para evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes e infraestructura.

El tercero, exhorta a la SEP para que transparente el recurso aprobado por la Cámara de Diputados en el anexo 40 “Ampliaciones al Ramo 11 de Educación Pública”, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, referente al Programa Presupuestario “Apoyos a Centros y Organizaciones Educativas”, por la cantidad de dos mil quinientos millones de pesos.

La presidenta de la Comisión argumentó que es fundamental que esta dependencia, en el marco de la política de transparencia proactiva, publique de forma abierta y accesible los fondos otorgados a dichos “Centros y Organizaciones Educativas” y, en su caso, y los que aún están disponibles, por ser recursos públicos federales.

También aprobó la minuta que plantea reformar el artículo 6 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para que este ordenamiento dé cumplimiento a lo establecido en las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

La legisladora manifestó que con esta modificación se logrará el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades, prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Asimismo, se realizan ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y comunicaciones, tendentes a garantizar, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.