Por: Redacción

Diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción recomiendan asignar recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El presidente de dicha comisión, diputado Rogerio Castro Vázquez del partido Morena, explicó que la opinión contempla todas las propuestas y el análisis que se hizo al presupuesto asignado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Dijo que se consideró la propuesta del grupo parlamentario del PRI respecto al Programa para el Fortalecimiento de la Transparencia en Entidades Federativas; se incluyeron los planteamientos ciudadanos para proporcionar equipo tecnológico a tres ayuntamientos de Tabasco, así como las propuestas de las diputadas María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano), Claudia Edith Anaya Mota (PRI) y Lorena del Carmen Alfaro García (PAN).

Aseguró que como integrante de Morena, coincide en que es un exceso lo que se propone para la Secretaría Ejecutiva del SNA, no sólo por los salarios sino por todo el aparato burocrático”.

En la reunión, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) planteó revisar el salario que se está asignando al Secretario Ejecutivo del SNA, que son 186 mil pesos en promedio. “A mí me gustaría que hoy discutiéramos esto, porque lo que se está proponiendo es casi el doble. Yo quisiera que se fijara igual lo que tenía el secretario anterior”.

Relató que, en el artículo 75 de la Carta Magna, se precisa que la Cámara de Diputados, al aprobar el PEF, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo establecido en la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita se tomará la que se hubiera fijado en el presupuesto anterior.

Lorena del Carmen Alfaro García, diputada de Acción Nacional, argumentó que, en términos generales, son necesarios los recursos en el ramo 1-ASF, 32-Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 44-INAI, donde se hace un esfuerzo para asignar dinero orientado a la implementación del SNA.

Sin embargo, apuntó, se observa que la Secretaría de la Función Pública cuenta con mayor responsabilidad y el presupuesto de esta importante dependencia está a la baja, y “no hay una opinión de esta comisión al respecto”.

En el ramo 17, diversas organizaciones consultadas señalan que no se están asignando los recursos necesarios para la creación de la Fiscalía Especializada, como sí se contemplaron para otras instituciones que serán necesarias para la puesta en marcha del SNA, denunció.

Del PRI, la diputada Claudia Edith Anaya Mota consideró vital apoyar esta propuesta y coincidió en que se deben analizar las percepciones salariales, pues el SNA intenta mantener todo en un equilibrio, principalmente los sueldos.

Además, planteó incluir en el artículo 1 sobre el ejercicio, control y evaluación del gasto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que no está considerada. Este ordenamiento, en su artículo 69, prevé que los sujetos obligados del Ejecutivo federal deberán poner a disposición del público y actualizar la información sobre el PEF.