Por: Redacción

La Comisión de Asuntos Indígenas, que preside el diputado Cándido Coheto Martínez (PRI), avaló un dictamen que reforma la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de integrar a la Junta de Gobierno de este organismo descentralizado al titular de la Secretaría de Cultura.

En reunión de esta instancia legislativa, Coheto Martínez explicó que la incorporación de la Secretaría de Cultura será importante para continuar con el rescate, difusión y revaloración de las diferentes manifestaciones indígenas de México.

Nuestro país tiene una enorme riqueza cultural en lenguas y manifestaciones culturales que le dan un rostro propio. “Con la reforma podremos tener mayores apoyos pero, sobre todo, la posibilidad de que la Secretaría de Cultura pueda crear una subsecretaría en materia indígena”, argumentó.

“La reforma nos da la seguridad de continuar el fortalecimiento, la difusión y la preservación de todas estas manifestaciones, subrayó.

El documento precisa que, en consecuencia con la integración de la Secretaría de Cultura, esta dependencia podrá involucrarse en la toma de decisiones establecidas en el artículo 9 de la norma en mención, así como a las referidas en la Ley Federal de Entidades Paraestatales, artículo 58.

Establece que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Cultura tiene entre sus atribuciones promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; fomentar su conservación, y promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, tradiciones y el arte popular.

Argumenta que la Secretaría de Cultura fortalece mediante políticas públicas la identidad nacional e impulsa acciones a favor de la cultura indígena, al tiempo que es cabeza de sector de entidades como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o el Instituto Nacional de Derechos de Autor.

El dictamen detalla que la reforma no implicará la atribución de nuevas funciones o cambios en la estructura orgánico-administrativa o en la normatividad y control presupuestario.