De ser aprobadas por el Congreso, por primera vez se definirán, a nivel nacional con claridad y precisión, las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en estas materias, dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos .

El mandatario ratificó “su compromiso invariable e indeclinable con la dignidad humana y con el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales en favor de la defensa de los derechos humanos”.

Durante el acto realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos, Peña Nieto firmó las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas; y de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

“Ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales. Serán considerados como delitos permanentes, por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio”, afirmó.

“En el Gobierno de la República creemos firmemente que combatir frontalmente la desaparición forzada y la tortura es una condición básica para lograr la plena vigencia del Estado de Derecho en nuestro país”, afirmó hoy el presidente Enrique Peña Nieto, al encabezar la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015.

El  mandatario ratificó su compromiso “invariable e indeclinable con la dignidad humana y con el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales en favor de la defensa de los derechos humanos”.

El Titular del Ejecutivo Federal precisó que la propuesta de Ley General en Materia de Desaparición de Personas “permitirá establecer una nueva política pública enfocada en su búsqueda y localización, y para ello plantea la creación de cuatro instrumentos básicos”:

PRIMERO: “El Sistema Nacional de Búsqueda, que asegure la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición. Su objetivo es garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna en las horas siguientes a la desaparición, las más críticas para encontrar o brindar auxilio a las víctimas de este delito”.

SEGUNDO: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. “A partir de esta base de datos los familiares podrán dar seguimiento a su denuncia de desaparición. Se trata de un registro con información actualizada proporcionada por hospitales, centros de detención y servicios médicos forenses, tanto federales como locales”.

TERCERO: “El Registro Nacional Forense, que utilizará los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas”.

CUARTO: El Consejo Nacional Ciudadano, integrado por defensores de derechos humanos, especialistas y familiares de las víctimas, cuyo objetivo será asesorar y emitir opiniones al Sistema Nacional de Búsqueda.

Respecto a la propuesta de Ley General contra la Tortura, el Primer Mandatario detalló que “tiene un objetivo muy claro: erradicar esta práctica”. A fin de acabar con esta y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, la iniciativa propone crear las siguientes instancias:

PRIMERA: Las Unidades Especializadas de Investigación, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, para combatir con mayor eficacia este delito.

SEGUNDA: El Mecanismo Nacional de Prevención, “conformado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los ombudsman estatales, en los que participan representantes de organizaciones internacionales, sociedad civil, académicos y expertos. Su misión será de la mayor importancia: aplicar en el país las mejores prácticas internacionales para evitar actos de esta naturaleza”.

TERCERA: El Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos Inhumanos y Degradantes, integrado por las bases de datos de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia Locales. “Este Registro pondrá al alcance de la ciudadanía la información pertinente para evaluar los avances en este esfuerzo nacional en contra de la tortura”.

El Presidente Peña Nieto destacó que ambos proyectos de ley “son producto de un amplio proceso de consulta en el que participaron legisladores, autoridades, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de víctimas y la ciudadanía en general”.

Estas iniciativas, dijo, fueron además “enriquecidas por las valiosas aportaciones de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja”.

Refirió que de ser aprobadas, “por primera vez se definirán a nivel nacional con claridad y precisión las competencias y las formas de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, y ello será clave para combatir con eficacia y contundencia estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales. Igualmente, serán considerados como delitos permanentes, por lo que jamás prescribirán y se perseguirán de oficio”.

“Con base en estas nuevas leyes, dichas conductas serán investigadas, perseguidas y sancionadas a partir de un marco jurídico homologado para todo el país”, puntualizó.