Por. Redacción/

La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala Movimiento Nacional exigió a la Fiscalía General de la República terminar con su trato diferenciado para atraer crímenes de líderes sociales y alertó que en Chiapas grupos paramilitares y de choque promovidos por el Gobierno Federal operan para imponer el Tren Maya.

En conferencia de prensa, el vocero de la CNPA MN, Jesús Gutiérrez Valencia, al anunciar sus Jornadas Nacionales de Movilización, sostuvo que el Tren Maya es inviable y el proyecto debe ser revertido pues este se topará con diversas luchas de resistencia legal y social.

Lo anterior sobre todo ante el uso que hará el Estado de grupos paramilitares y de choque para imponer este proyecto como sucedió en Morelos donde como resultado murió el líder social Samir Flores.

Y es que el Gobierno Federal “busca romper el tejido social vía conflictos sociales” sin importar que puedan morir líderes locales, daños ambientales o arqueológicos como sucederá en toda la ruta que contempla el Tren Maya.

Por otro lado insistido en que a un año del ataque policiaco – paramilitar contra integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas que sostenían un plantón pacífico frente a la presidencia municipal y en las entradas a la cabecera municipal que devino en la desaparición, tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, prevalece la impunidad para los autores materiales e intelectuales de dichos hechos por lo que urge que el Estado y en especial la Fiscalía General de la República atraiga el caso tal y como lo ha hecho con el asunto de la familia Lebaron.

En conferencia de prensa, la CNPA MN condenó la omisión de las autoridades estatales y federales quienes fueron advertidos del conflicto social en Amatán el día 17 de enero de 2019 y aún no hay justicia.

Denunció que persisten amenazas de muerte a miembros del MOCRI – CNPA MN que a su vez forman parte del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán (MPJBCA), como es el caso de Adán López Calvo y su familia y aun así se niegan las autoridades a generar medidas de protección.

Lo mismo sucede con la falta de protección Humberto Huerta Verdín y comisariados ejidales de Acaponeta, Ruiz, Rosa Morada y Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Por lo anterior, exigió al gobierno estatal y Federal desarticular al grupo paramilitar que está al servicio de los hermanos Carpio Mayorga y sus padrinos políticos.

Además pidió castigo a los autores materiales e intelectuales de la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.

Además es necesaria una reunión con el gobernador Rutilio Escandón para atender y resolver la agenda política y social así como otra con la Secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Alejandro Encinas sin dejar de lado la atracción de la investigación por parte de la FGR.

Recordó que el compañero Noé Jiménez Pablo y 30 compañeros más, estaban incorporados al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación notificó en diciembre de 2018 al gobierno de Chiapas, y por lo tanto, ambos niveles de gobierno tenían el deber de generar condiciones de protección para preservar su integridad física y su vida, pero no lo hicieron.

Sostuvo que estas autoridades tampoco actuaron con prontitud desde la madrugada que se les informó del ataque armado.

Cabe recordar, indicó, que ante los hechos, la CNPA MN solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso porque fueron usadas armas de grueso calibre, el compañero Noé Jiménez sin embargo se negaron rotundamente a atraer las investigaciones.

Como resultado de la negativa de la FGR el 10 de mayo de 2019 se interpuso un amparo número 620/2019 en el juzgado 6º de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El 15 de julio de ese año dicho juzgado otorgó el amparo pero la FGR interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, el cual está pendiente por resolver el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil de vigésimo circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Aseguró que el actual gobierno a pesar de mencionar que pretende hacer un cambio de régimen, lo está oxigenando y refuncionalizando aliándose con caciques y grupos de poder de antaño, profundizando el modelo neoliberal que conlleva como lo es la imposición de megaproyectos para el saqueo de la riqueza nacional que genera desplazamiento forzado y despojo a comunidades indígenas y campesinas.

Se ve que necesita del control del territorio para lo cual usan a grupos de choque, paramilitares, criminalizan y judicializan la lucha social, llegando al extremo de desaparecer y/o asesinar a dirigentes comunitarios y líderes sociales.

“En este caso, el gobierno estatal y Federal cerró filas con los cacicazgos que históricamente han dañado al país”, advirtió.

“Hemos insistido en dialogar con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero porque el Subsecretario Ricardo Peralta Saucedo se desentiende de la agenda política y social que le hemos planteado y lo turna a funcionarios menores que no resuelven prácticamente nada”, dijo.

Y es que, insistió, Alejandro Encinas Rodríguez que encabeza la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB, mantiene una postura cerrada a pesar de que en su área recaen varios temas de nuestra agenda y particularmente, el caso Amatán.

Si bien el 13 de diciembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió al municipio de Amatán, entre otras peticiones que se le hicieron, son reuniones de trabajo con la Secretaria Olga Sánchez Cordero y el Subsecretario Alejandro Encinas, a lo cual se comprometió, pero no se han concretado.