Por: Redacción/

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional condena de la manera más enérgica el asesinato de Samir Flores Soberanes, así como la imposición del denominado Proyecto Integral Morelos, por ello, solicitó al Presidente Andrés Manuel López Obrador la cancelación del PIM y la consulta que impulsa el gobierno federal que encabeza ya que no se realiza en el marco de los estándares internacionales en materia de derechos humanos e indígenas y solo representa una simulación para imponer el PIM.

El Estado mexicano ha sido quien ha quebrantado la ley al no haber consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada como lo establece el convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia en materia de Derechos Humanos establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo el Vocero de la CNPA MN, Jesús Gutiérrez Valencia.

Dijo que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la república, hay esperanza en las comunidades involucradas que se termine el hostigamiento y el pretender imponer un proyecto a todas luces erróneo y viciado desde su origen.

Sin embargo, la actitud irresponsable del presidente de la república el 10 de febrero del presente año arengando a la población en Cuautla, Morelos contra los opositores al PIM llamándoles “radicales ultraconservadores” puso a los líderes comunitarios y sociales en estado de vulnerabilidad e indefensión, por lo tanto, es responsable indirecto del asesinato de Samir Flores Soberanes.

Además AMLO, aseguró de manera irresponsable que los opositores eran pagados por empresas trasnacionales a cuyos directivos no les conviene la termoeléctrica, minimizando y despreciando un grave conflicto social generado por el Estado y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la región afectada por el proyecto, lo cual no nos sorprende, pues así minimizó el grave conflicto social en el municipio de Amatán, Chiapas donde ha encubierto al grupo caciquil que mal gobernó dicho municipio por 15 años y que a toda costa lo quiso imponer optando por una salida policiaca – paramilitar el 17 de enero pasado que derivó en la desaparición forzada, tortura y asesinato de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado ahora que no pueden quedar tirados ni desperdiciarse 25 mil millones de pesos que ha costado construir el PIM, lo cual es incongruente con su decisión de cancelar otras obras emprendidas por los gobiernos pasados como fue el nuevo aeropuerto en Texcoco donde se invirtieron más de 100 mil millones de pesos y lo canceló.

Si el razonamiento para la cancelación del NAICM fue la corrupción, la opacidad, la relación clientelar para la asignación de las obras, esto mismo sucedió en el caso del PIM, con el agravante de que, aparte de violar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, también se violaron otros derechos tales como: la igualdad y no discriminación a la preservación del territorio, a la familia, a la alimentación, a la salud, al agua, al medio ambiente sano, a la vivienda, a la cultura, al deporte, a la libre determinación de los pueblos sobre su desarrollo económico y social.

El PIM contempla una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto. El propio Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) revelaba la peligrosidad de construir un gasoducto en la zona del volcán. El Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl, del Instituto de Geografía de la UNAM, recomendó no construir este gasoducto, y especialistas del Centro Universitario para la prevención de Desastres Regionales, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP), declararon que no es viable edificar el gasoducto, ni la planta termoeléctrica, por el riesgo que representa al estar en zona volcánica

El común denominador del PIM ha sido la imposición del mismo desde su origen por los gobiernos estatales y federales en turno, orquestada inicialmente por el ex presidente Felipe de Jesús Calderon Hinojosa y el exgobernador de Morelos Marco Adame; posteriormente por el exgobernador de Morelos Graco Ramírez Garrido con el operativo policiaco del 23 de octubre de 2012 donde reprimió a quienes sostenían un campamento de protesta afuera de la comunidad de Huexca, Yecapixtla.

Además las agresiones policiacas que se dieron contra las comunidades de Jantetelco, Ayala y Amilcingo en el estado de Morelos; el encarcelamiento de los líderes sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón por el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle con el beneplácito del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue parte de las acciones de represión.

El mismo Ricardo Monreal como diputado federal de Movimiento Ciudadano en 2014 presentó un punto de acuerdo para la cancelación del Proyecto Integral Morelos (PIM) en el año 2014.

Señala entre otros elementos, la contaminación que se generará al afectar la capa de ozono, el agua usada en la termoeléctrica no servirá para la producción agropecuaria pues traerá consigo contaminantes; se conducirá diariamente 50 millones de m3 de agua: el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) reconoce la peligrosidad de construir el gasoducto en la zona del volcán Popocatepetl, el Instituto de Geografía de la UNAM no recomienda la construcción del gasoducto, entre otros datos ambientales preocupantes.

Sería bueno, comentó el Vocero de CNPA MN, que el hoy senador por MORENA le facilitara este documento al presidente de la república para ver si lo hace entrar en razón y se evite imponer el PIM a través de una simulación de consulta.