Por: Redacción/

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional anunció que, debido a que campesinos e indígenas tienen derecho a defender sus recursos naturales y territorios de los megaproyectos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analiza la posibilidad de presentar un recurso de amparo contra la ley que busca eliminar el derecho de amparo contra los abusos de autoridad.

En caso de que el Senado de la República avale la iniciativa de ley que impulsa el Senador Ricardo Monreal Avila, la Ombudsman Nacional, Rosario Piedra Ibarra cuenta con la alternativa de impugnarla aseguró Jesús Gutiérrez Valencia al dar a conocer que ello fue el resultado del encuentro de trabajo entre la titular de la CNDH y la dirigencia de la CNPA MN.

Detalló que dicho encuentro se registró el mes pasado y responde a que son muchos los temas de violaciones a derechos humanos en contra de quienes habitan en el medio rural por defender sus territorio de tal suerte que la CNPA MN aún otorga un “voto de confianza” a la CNDH para que cumpla con su función y demuestre que no está al servicio del Estado.

En conferencia de prensa donde anunció que la Coordinadora, en los próximos días llevarán a cabo un mitin frente al Senado de la República para hacer valer su derecho de audiencia con el Senador Ricardo Monreal Ávila a quien desde el pasado 20 de enero le pidieron una reunión de trabajo y a la fecha los ha ignorado.

La reforma planteada, sostuvo Jesús Gutiérrez Valencia, es incongruente e innecesaria, en tanto que pretende regular normativamente una materia que la jurisprudencia ya reglamenta.

Por otra parte, resulta importante destacar que en la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se eliminó del artículo 107, la fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo referente a la difícil reparación de los daños.

La reforma privilegió la discrecionalidad de los jueces y estableció su obligación de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, por lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión.

Así, la reforma que propone el senador suprime, la discrecionalidad de los jueces de ponderar entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho.

También, convierte el juicio de amparo en un medio de defensa infructuoso, ante actos de autoridad que tengan como objetivo la ejecución de obra pública e infraestructura.

No debe perderse de vista que la obra pública, puede ser aquella que se ejecuta con inversión pública o mixta, pero también tiene el carácter de obra pública, el otorgamiento de una concesión a particulares para construir, explotar, conservar o mantener proyectos de infraestructura, lo cual pone en evidencia que la intención de la reforma propuesta por el senador Ricardo Monreal es abrirle paso franco a la iniciativa privada, anulando y/o restringiendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, principalmente.

Es preciso señalar que diversas comunidades indígenas y campesinas así como organizaciones indígenas y sociales, nos hemos opuesto resueltamente al despojo de nuestras tierras, territorio, recursos y bienes naturales, así como a la imposición de megaproyectos que benefician a empresas privadas nacionales y trasnacionales.

Sostenemos que el actual gobierno profundiza el modelo neoliberal, generando un marco jurídico acorde a las exigencias del capital monopolista nacional y trasnacional como lo hicieron los gobiernos anteriores que impusieron por la vía parlamentaria las denominadas reformas estructurales, entre ellas, la energética y sus leyes secundarias, Ley minera, etc las cuales sentaron el marco legal para el saqueo de la riqueza nacional en favor de particulares.

Este gobierno, no se quiere quedar atrás en cuanto a servilismo hacia la oligarquía se refiere, particularmente, el senador por Morena Ricardo Monreal presentó el 23 de octubre de 2018 su iniciativa de “Ley de Desarrollo Agrario” que no es más que la continuidad del marco legal de la reforma energética y ahora anuncia las reformas antes citadas que pretende realizar.

Es preocupante que se estén impulsando reformas regresivas, mientras que sigue pendiente la Ley que regule el derecho a la consulta y otras leyes que el Estado mexicano ante instancias internacionales se ha comprometido legislar.

No obstante, seguiremos insistiendo en la necesidad de materializar los derechos de los pueblos indígenas y para ello es importante, entre otros elementos lo siguiente:

Armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos; concretar una Ley sobre el derecho de los pueblos indígenas y afrodescedientes, concretar una Ley de consulta para pueblos y comunidades indígenas.

Por ello la CNPA MN está en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena y de su Coordinador, Ricardo Monreal, que busca la aprobación del Pleno de la Comisión Permanente, reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Amparo, específicamente, que se reformen el artículo 25 constitucional adicionándole un párrafo; y el artículo 129 de la Ley de Amparo agregándole la fracción XIV.

Las dos propuestas tienen como propósito “que obras públicas que representan un beneficio para la comunidad no sean frenadas por amparos”; abunda el documento, que “el coordinador del Grupo Parlamentario refiere, en su propuesta, que el actual gobierno federal ha impulsado desde su inicio importantes proyectos, los cuales han sido frenados por suspensiones concedidas a través de amparos, ocasionando un perjuicio en el progreso económico y social.”

Las reformas de los artículos 25 constitucional y 129 de la Ley de Amparo, son regresivas, en tanto que, ante casos concretos pueden anular y/o restringir el derecho a la propiedad colectiva e individual, el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas; el derecho a la consulta pública, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a los recursos naturales, entre otros; bajo el argumento de que estos derechos entran en colisión con la obra pública e infraestructura que impacta directamente en el bienestar de las personas.