Por: Redacción/

La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional a través de Alberto Galindo García, advirtió que en Chiapas se gesta otra masacre contra defensores sociales porque el Estado olvidó el respeto a los Derechos Humanos y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de criminalizar estas luchas y de desmantelar las herramientas de defensa como la CNDH, el INE y los mecanismos de protección.

En conferencia de prensa en la que se demandó esclarecer el asesinato de líderes sociales en Amatan, Chiapas del 2019, sostuvo que en México existe la aplicación preferencial de la justicia pues si se investiga por parte de la FGR la masacre de la Familia LeBarón y se deja en el olvido a más de 20 líderes sociales asesinados en lo que va de este sexenio.

Por lo anterior y debido a que crece la inseguridad de indígenas en Chiapas exigieron al Gobierno Federal detener a los grupos paramilitares que atacan en Amatan, Chiapas.

“Queremos advertir a las autoridades que en Amatán se está generando una situación similar a la que prevaleció antes del ataque armado del 17 de enero de 2019, por lo cual, desde este momento, hacemos responsables a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Chiapas de cualquier agresión que pueda perpetrarse en contra de los miembros de militantes y dirigentes del MPJBCA y de MOCRI – CNPA MN”.

Asimismo exigió garantizar la vida e integridad física María del Carmen Gómez Trujillo y Adan López Calvo así como de sus familiares y de las personas defensoras de derechos humanos integradas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Amatan, Chiapas.

Además se requiere de la

implementación inmediata de medidas de seguridad complementarias, colectivas e individuales, hacia nuestras compañeras y compañeros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Amatán, Chiapas que permitan reducir al máximo el riesgo que corren.

Es necesario, dijo, la desarticulación del grupo paramilitar y de choque al servicio de los Carpio Mayorga y sus padrinos políticos Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar.

Por tanto se debe establecer un proceso de diálogo de alto nivel para atender y resolver nuestras demandas políticas y sociales.

Una vez más se exige la atraccion por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de las investigaciones por la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.

Recordó que en semanas pasadas se denunció hostigamiento, seguimiento, vigilancia y amenazas de muerte hacia integrantes de MOCRI – CNPA MN y del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, Chiapas (MPJBCA), entre ellos, Adan López Calvo y su familia, hostigamiento y vigilancia en su casa y la de familiares cercanos, así como de María del Carmen Gómez Trujillo, ambos, beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDDHyP).

Peor aún el subsecretario Alejandro Encinas se ha dicho ofendido por habernos establecido en plantón hace unas semanas para exigirle atención y solución.

Lo aquí expuesto, no son hechos circunstanciales, ni aislados, forman parte de una operación de agresión contra militantes y dirigentes del MPJBCA y de MOCRI – CNPA MN por parte de grupos de choque aliados a la delincuencia organizada y con lazos con instituciones de seguridad del Estado; la falta de aplicación de la justicia por la desaparición, tortura y asesinato de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez dan un marco de clara impunidad para los agresores y los conmina a seguir actuando; la omisión del gobierno estatal y federal por no generar garantías para nuestras compañeras y compañeros, los pone en condiciones de vulnerabilidad.