Por: Redacción/

A seis años de la aprobación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observa con preocupación la falta de mecanismos armonizados y coordinados entre los órdenes de gobierno para asegurar su implementación en el país, e insuficientes esfuerzos para garantizar a las víctimas los derechos que en ésta se señalan, especialmente en materia de identificación, reinserción y reparación del daño.

Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas –30 de julio—, hace un llamado al Gobierno mexicano a ratificar el “Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como continuar con los esfuerzos para elaborar, institucionalizar e implementar en los ámbitos federal y estatal protocolos de prevención, detección e inspección en materia de trata de personas en campos agrícolas con perspectiva de género y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Igualmente, debe cumplir con las recomendaciones emitidas por la CNDH relacionadas con violaciones a derechos humanos en agravio de jornaleras y jornaleros agrícolas de origen indígena, posibles víctimas de delitos en materia de trata de personas; especialmente la Recomendación 28/2016 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y al Gobierno de Baja California Sur; la Recomendación 70/2017, dirigida a la STPS y al Gobierno de San Luis Potosí, y la Recomendación 15/2018, a la STPS dirigida a la STPS, IMSS y Gobierno estatal y Presidencia municipal de Colima, así como con las propuestas contenidas en el Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas.

En el ámbito federal, si bien se han dado importantes pasos para dar a conocer el tema y existe mayor interés por la capacitación a las y los servidores públicos, la institucionalización de los protocolos, la atención a víctimas y la sistematización de datos es aún un reto, además de que la intervención y cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General por parte de las diferentes autoridades de la Administración Pública Federal varía considerablemente entre unas y otras. Los derechos a la reparación del daño, a la salud, la educación y, sobre todo, a no ser sometido a trata de personas, que implica el deber de prevención, siguen sin ser garantizados por el Gobierno de México.

A la fecha, la mayoría de las entidades federativas cuentan con legislación aprobada, comités interinstitucionales y alguna unidad o fiscalía especializada para la investigación de este delito; sin embargo, se carece de programas estatales con indicadores de cumplimiento y rendición de cuentas, estrategias de trabajo regionales, presupuestos etiquetados y, en general, de políticas sociales dirigidas al combate de las causas estructurales de la trata de personas como la desigualdad, la discriminación y la violencia.

De acuerdo con el Informe Global sobre Trata de Personas 2016 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 71% de las víctimas son mujeres. La desigualdad de género es también evidente con las víctimas menores de 18 años de edad, ya que las niñas y las adolescentes representan el 20% de las víctimas totales. En cuanto a las modalidades de explotación por sexo, se observa que las niñas y mujeres son víctimas de trata con fines de explotación sexual en 96%, mientras que hombres y niños en 4%.

El pasado 20 de julio, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en relación con el Noveno Informe Periódico presentado por México, otorgó al Estado mexicano plazo de dos años para presentar un informe preliminar para frenar la violencia y discriminación contra las mujeres, siendo la trata de personas y la explotación de la prostitución aspectos que serán evaluados, ya que el citado Comité externó su preocupación por la falta de estrategia contundente y el uso limitado de bases de datos con información desagregada acerca de las víctimas de trata, así como del delito con fines no relacionados a la explotación sexual. Asimismo, los bajos índices de procesos y sentencias, la revictimización de mujeres y niñas, de las cuales, en algunos casos se señala han sido criminalizadas en vez de recibir apoyo.

La CNDH se ha unido a los esfuerzos que se realizan en los niveles federal y estatal para conmemorar este día instituido por la Asamblea General de la ONU y promover mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y proteger sus derechos, distribuyendo materiales de la Campaña Nacional de Prevención “Libertad sin engaños ni promesas falsas” a todas las comisiones intersecretariales en materia de trata de personas del país, así como a diversos consejos ciudadanos y a las instancias municipales de las mujeres. Además, se han difundido infografías para mujeres y jóvenes dirigidas a prevenirlas sobre la forma en que los tratantes utilizan las redes sociales para captarlas con fines de explotación sexual, la importancia de cuidarse de supuestas propuestas “románticas” y para hacer conciencia sobre la trata de mujeres y niñas para la explotación en los trabajos forzados del hogar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observará el cumplimiento del Gobierno Mexicano a las recomendaciones de la CEDAW relacionadas con la trata y la explotación de la prostitución en especial aquellas dirigidas a que se fortalezca el apoyo a las mujeres víctimas de trata, en particular a mujeres migrantes y mujeres indígenas, su acceso a servicios médicos y la provisión de refugios adecuados.