• CNDH llamó al Poder Legislativo a revisar el dictamen de la Ley General de Salud Mental, ya que determinó que viola varios artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por: Oscar Nogueda/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Poder Legislativo a revisar el dictamen que expide la Ley General de Salud Mental, ya que vulnera varios artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Comisión agregó que la propuesta de Ley  viola los derechos de igualdad y no discriminación, capacidad jurídica, libertad y seguridad de persona, integridad personal y salud, además subrayó que este ordenamiento jurídico se desconocería la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

La iniciativa de la Senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos, establece que la ley tiene el objetivo de “regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental a toda la población del territorio nacional, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”.

Asimismo, determina que los factores que pueden agravar la salud mental de las personas son pobreza, trabajo, educación, violencia y trauma. Asimismo, apunta que la población vulnerable son mujeres trabajadoras, población rural, niños y niñas en situación de calle, personas con discapacidad, menores farmacodependientes, madres adolescentes, adultos en plenitud, población indígena, población migrante, enfermos mentales delincuentes recluidos.

La propuesta de ley prevé internamientos involuntarios cuando se trate de un caso emergente o se pueda comprobar que es el tratamiento más indicado, también, precisa que estos internamientos solo se realizaran con prescripción médica y cuando el usuario presente acciones que puedan causarle un daño físico inmediato a él mismo, a terceros o a la propiedad.

“Los internamientos involuntarios previa indicación de los profesionales acreditados por la Secretaría de Salud, se realizará mediante resolución judicial, en caso de que este se prorrogue por más de 72 horas. Si el internamiento es menor a 72 horas no es necesaria una resolución judicial. Una vez que las condiciones del paciente lo permitan deberá ser informado de su situación de internamiento para que, en su caso, su condición cambie a la de ingreso voluntario”, apunta la iniciativa.

En cuanto a las salidas de los centros hospitalarios, el medico tratante determinará si el paciente está en condiciones de continuar su tratamiento de forma ambulatoria o si los familiares lo solicita por escrito.

Por lo anterior, la CNDH apuntó que la iniciativa de Geovanna Bañuelos  refleja una visión estigmatizante y anacrónica que no corresponden con las nociones actuales de salud mental, además destacó que los factores que refiere como agravantes de la salud mental pueden configurar una persecución de los grupos sociales enunciados, así como exacerbar la discriminación hacia estos sectores sociales.

Este organismo autónomo  mencionó que dicha propuesta no prevé mecanismos complementarios para la manifestación y respeto de la voluntad de la persona para elegir las formas de las actuaciones en crisis emocionales futuras y de las personas de apoyo.

“La Comisión observó que en el Dictamen se utiliza lenguaje incompatible con el enfoque de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al aludir en múltiples ocasiones a términos como trastorno mental y del comportamiento, enfermos mentales crónicos y deficiente mental, incapacidad transitoria y permanente y peligro grave; además de que es omiso respecto de la consulta de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en la formulación de legislación y políticas”, externó la CNDH.

La Comisión Nacional agregó que la configuración de un régimen legal separado y específico para las personas con discapacidad psicosocial  es contrario a los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano.

Esta Comisión solicitó al Poder Legislativo revisar y actualizar los conceptos de la iniciativa de Ley para que sean compatibles con un enfoque de derechos humanos y con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Igualmente, mencionó que los legisladores deben añadir las disposiciones necesarias para garantizar la protección jurídica integral de la salud física y mental de todas las personas.

“Establecer formas amplias y diversas, así como mecanismos de apoyo para asegurar que la voluntad expresada por las personas con discapacidad, con relación a los tratamientos requeridos sea respetada por el personal de salud y las autoridades correspondientes en todo momento, y propiciar diálogos participativos con las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones que las representan”, puntualizó la CNDH.

Por último, la Comisión Nacional rechazó que la propuesta de Ley General de Salud Mental justifique la privación de la libertad por motivos de discapacidad e instó al Estado mexicano garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.