Por: Redacción

El Pleno de la Comisión Permanente recibió el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 (DNSP), que realiza cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el documento se detallan diferentes deficiencias detectadas en los Ceresos, Ceferesos, prisiones militares y cárceles municipales visitadas, que abarcan 85.6 por ciento del total de la población penitenciaria nacional.

En los centros estatales, se reporta una deficiente separación entre procesados y sentenciados; así como malas condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios; insuficiente personal de seguridad y custodia; hacinamiento, y falta de capacitación laboral.

También existe autogobierno/cogobierno; falta prevención y atención de incidentes violentos; la mayoría de los centros visitados no cuenta con programas para prevenir adicciones o de desintoxicación voluntaria, y prevalece la insuficiencia de instalaciones para su funcionamiento.

La CNDH señala que en 66 de los centros visitados encontró un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad de los servidores públicos; también el uso de los teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre el Centro.

Además, en 42 de los centros estatales persiste la sobrepoblación, lo que genera otro tipo de problemáticas que afectan su funcionamiento; asimismo, en 57 de los establecimientos locales supervisados existe hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad.

En la mitad de los centros verificados se observaron áreas de privilegios, la presencia de objetos y sustancias prohibidas; y en 63 de los centros se encontraron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica.

En cuanto a los centros federales, en 17 de ellos hay insuficiencia de personal, en 14 concurre la carencia de actividades laborales y de capacitación; así como de actividades educativas en 12 de los establecimientos.

El derecho de protección de la salud es un problema generalizado en los centros federales dada la falta de personal médico, así como por atención deficiente; en 14 centros se hallaron deficiencias en la atención a personas adultas mayores.

En 13 de los centros federales se detectó falta de acceso a actividades deportivas; en 11, se observaron deficiencias respecto de la vinculación de los internos con la familia y sociedad; y en 9 centros se detectó deficiente clasificación entre procesados y sentenciados.

En las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó fue la falta de actividades laborales y de capacitación laboral. En lo que respecta a centros municipales, las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a insuficientes actividades y capacitación laboral.

Tampoco existe separación entre procesados y sentenciados, faltan reglamentos y manuales, hay escasa o a veces nula difusión de la normatividad que rige al Centro hacia los presos, y no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

El DNSP 2016 se realizó sobre una muestra conformada por 131 (43.96 por ciento) centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles, de un total de 298 existentes en el país; la población interna durante la supervisión fue de 183 mil 209 personas, que corresponde al 83.90 por ciento del total de la población recluida en centros estatales.

Para las cárceles municipales se consideró una muestra de 42 (46.15 por ciento), de un total de 91 que había al inicio de 2016 bajo esa denominación; la población interna al momento de la visita fue de 3 mil 737 personas, lo que representó 83.14 por ciento del total.

Se incluyeron los 19 centros federales en funcionamiento, entre los que se encuentra el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) y los 4 establecimientos que conforman el Complejo Penitenciario de Islas Marías, con una población total de 24 mil 401 personas.

El informe también incluye las tres prisiones militares que albergaban al momento de las visitas a 635 personas privadas de la libertad. También se revisaron todos los centros femeniles del país, con una población de 11 mil 338 internas, que representa 86.16 por ciento del total.

El DNSP elaborado por la CNDH fue turnado a las comisiones de Derechos Humanos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para su análisis.