Por: Redacción/

El Sexto Visitador General se pronunció porque el Gobierno mexicano ratifique el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y armonice leyes federales y estatales en materias ambiental, laboral y de seguridad social

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) la urgente necesidad de que el Gobierno mexicano cuente con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos para que, incluso en casos de eventuales ajustes o reducciones, no se descuiden las exigencias de los grupos prioritarios y los sectores que padecen los mayores niveles de marginación. Lo anterior, se dijo, debe ser complementado con un combate frontal a la corrupción, porque ésta sin duda impacta el goce de los derechos humanos.

En el marco de la sustentación del Informe de México ante el Comité DESC, la CNDH, en su carácter de organismo autónomo e independiente, se entrevistó y participó de manera privada con los miembros del Comité, a los que hizo partícipes de los pronunciamientos del Organismo Nacional en la materia y presentó una serie de propuestas para que sean consideradas por esa instancia internacional.

Destacó la importancia de que el Estado mexicano ratifique el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como instancia de garantía internacional de los mismos, y cumpla con su deber de continuar con la necesaria labor de armonización normativa, en los órdenes federal y estatal, para el cabal cumplimiento de los estándares de DESCA.

Este Organismo Nacional llamó a considerar de la mayor importancia la adopción de medidas progresivas en favor de los derechos humanos, y enfatizó que es crucial para el Estado mexicano fomentar la suficiencia del salario mínimo, por su vínculo con el goce y disfrute de tales prerrogativas; es decir, que la fijación del salario mínimo en el país considere como eje la dignidad de las personas.

Tras doce años de que dicho Comité no evaluara al Estado mexicano y luego de posponer esa revisión por el sismo del pasado 19 de septiembre, la Comisión Nacional enfatizó que se debe atender el problema que enfrentan las personas trabajadoras jornaleras agrícolas y sus familias, sector altamente vulnerable cuyos integrantes viven en condiciones de pobreza y carecen de acceso pleno a la protección a la salud, a condiciones de trabajo dignas, a la seguridad social y a la educación, entre otros derechos básicos.

En reunión celebrada en el Palais Wilson, la CNDH, por conducto de su Sexto Visitador General, Jorge Ulises Carmona Tinoco, demandó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno fortalezcan y armonicen sus legislaciones en materia ambiental, además de cumplir con la vigilancia e inspección por parte de los responsables facultados para ello, para lo cual se debe contar con mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad efectivos, además de promover el intercambio de buenas prácticas en torno de su ejercicio.

“El Estado mexicano –aseguró— debe garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan desarrollar con toda libertad y libres de amenazas o riesgos su actividad de promoción y protección de los DESCA; tal es el caso de defensores comunitarios cuya labor se relaciona con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o las propias autoridades”.

El Visitador presentó algunas consideraciones sobre los DESCA en nuestro país y destacó que debe darse cabal cumplimiento a la protección de los derechos humanos, uno de los cuales es el derecho a la consulta a pueblos y comunidades indígenas, para lo cual recalcó que además de seguirse puntualmente los protocolos y pronunciamientos de la CNDH en la materia, debe transitarse hacia una ley que recoja los mejores estándares y prácticas en favor de sus destinatarios.

Planteó que el Estado mexicano impida la sobreexplotación, sobreconcesión y contaminación que afecten el derecho al agua; armonizar las legislaciones federal, estatal y municipal en esa materia para regular a los usuarios, y dar acceso a las redes municipales de agua potable a las comunidades indígenas y rurales del país.

Carmona Tinoco estableció que las autoridades federales evalúen la gestión de recursos económicos destinados a los programas para la cultura con perspectiva de derechos humanos, así como mejores prácticas administrativas que redunden en mayor protección de los DESCA.