Por: Redacción

Las personas jóvenes son sujetos plenos de derechos que ameritan y exigen su reconocimiento, protección, respeto y defensa a través de la generación de políticas con perspectiva de juventud que consideren los ámbitos social, económico, político y cultural, que permitan la transformación de su realidad y el ambiente propicio para la construcción de su personalidad adulta, basada en valores y con sentido de responsabilidad.

La violación de los derechos de los jóvenes se evidencia, por ejemplo, en la discriminación que sufren en mayor medida por su apariencia física, por la falta de oportunidades de desarrollo, de educación, empleo y la transgresión a sus derechos de libertad e integridad.

El Estado mexicano tiene la obligación de reconocer a las y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de nuestro país; brindarles oportunidades incluyentes que les permitan obtener su primera experiencia laboral; crear acciones que contribuyan a mejorar el desarrollo de sus potencialidades; regular mecanismos para la integración, elaboración, utilización y sistematización de la información y propiciar que su entorno social y familiar se desenvuelvan en un ambiente armónico, saludable y libre de toda forma de violencia.

Es importante generar los mecanismos para construir en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados con la juventud, y para ello, se requiere la suma de esfuerzos de las autoridades, las familias, la sociedad civil, y las universidades para combatir las causas que generan las situaciones de vulnerabilidad, la cual está siendo aprovechada por la delincuencia organizada para captar a las y los jóvenes y obligarlos a que participen en actividades delictivas.

El tránsito de la adolescencia a la edad adulta trae consigo la búsqueda de una identidad propia y de un sentido de pertenencia, por ello resulta prioritario enfocar los recursos para la atención de las personas que pertenecen a diversos grupos juveniles, destacando aquellos que viven con discapacidad, quienes pertenecen a la población LGBTTTI, quienes viven con VIH/SIDA, poblaciones callejeras, las y los jóvenes indígenas, migrantes y quienes enfrentan algún proceso de justicia juvenil.

Debemos trabajar para generar acciones que incidan en el interés social, el acceso a una educación de calidad, espacios de recreación, la promoción de actividades deportivas, lugares públicos no violentos, la sensibilización de las autoridades para un trato digno y sin discriminación cuando se encuentran en procesos legales, generación de empleos con condiciones favorables que les permita un buen desempeño laboral y programas de servicios de salud. En estos últimos, es urgente diseñar e implementar estrategias para la prevención de embarazos juveniles, uniones forzadas, adicciones, obesidad, trastornos alimenticios y suicidios.

Es conveniente la expedición de una Ley General de los Derechos de las Personas Jóvenes, en donde además de reconocerles como sujetos plenos de derechos, prevea su participación activa en la toma de decisiones sobre las situaciones que les afecten; se diseñe el andamiaje institucional y la delimitación de las atribuciones de las autoridades federales y locales que favorezcan la estandarización de sistemas de promoción, desarrollo, participación y protección integral a nivel nacional.

La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió en 1999 la resolución 54/120, por la cual declaró el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud, en el marco de las recomendaciones realizadas en la Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud (Lisboa 8-12 de agosto de 1998).