Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que los pendientes en materia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos son amplios, en tanto que los problemas que mediante ellas deben atenderse son muchos y apremiantes, de ahí que se requiera personal capacitado en el servicio público para generarlas y personas que desde la sociedad civil participen en su elaboración e implementación, pero sobre todo en su evaluación. Es mediante el debate de ideas y la confrontación de propuestas, generando condiciones para un debate robusto, fuerte y vigoroso, pero sin descalificaciones, ni adjetivaciones o estigmatizaciones que se podrán encontrar las respuestas más adecuadas, y no a través de la imposición de una postura –aunque sea mayoritaria— frente a otras.

Puntualizó que los derechos no se hacen efectivos solo por leyes o por decreto, sino requieren de políticas públicas que ataquen las raíces de la pobreza y la exclusión social y transformen a la sociedad de manera cada vez más equitativa, en que se reconozcan las desventajas que enfrentan diversos grupos de población, se escuchen sus necesidades y se construyan acciones públicas para garantizar que aquéllas no sean un obstáculo para el ejercicio de sus derechos.

Así lo expresó el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, al participar en la inauguración del Diplomado de Enfoque Basado en Derechos Humanos en las Políticas Públicas de San Luis Potosí, acto en el cual puso en relieve la necesaria dignificación de la función pública, que esencialmente pasa por consolidar los procesos de profesionalización, fortalecer el espíritu de servicio a la ciudadanía y garantizar los derechos de trabajadoras y trabajadores.

Destacó que se deben generar políticas públicas diferenciadas a distintos contextos y realidades, pues en el ciclo de vida de estas políticas es fundamental tener un diagnóstico real que valore todas las opciones antes de tomar una decisión o camino para solucionar la problemática abordada, además de que la implementación, seguimiento y evaluación son fundamentales para decidir la permanencia, redireccionamiento o sustitución de la directriz adoptada por un gobierno. Se requiere que la evaluación de las mismas se base en la garantía progresiva de derechos y no en la mera relación entre presupuesto asignado y número de acciones implementadas, como acontece en muchos espacios.

Tras destacar la función que los organismos públicos de derechos humanos tienen en la garantía de las prerrogativas fundamentales mediante la formulación de propuestas en sus informes y recomendaciones, puntualizó que no son órganos que se limiten a señalar las fallas de las autoridades, ya que desde su autonomía son aliados en la construcción de la política pública, por lo cual buscan la interlocución con los Poderes Legislativos y Ejecutivos y, en última instancia, someten al Máximo Tribunal aquellos asuntos en que consideran se puede poner en riesgo la vigencia de los derechos humanos, como fue el caso de la Ley de Seguridad Interior y como puede ocurrir con temas que se discuten en la agenda pública nacional.

También se refirió a la desigualdad prevaleciente en el país, que tiene como manifestación un nivel de desarrollo por regiones; la discriminación y la exclusión social aparejada que muchas personas sufren por el color de su piel, de su identidad sexogenérica, de su preferencia sexual, de su edad, de su religión o por vivir con alguna discapacidad o enfermedad.

Previamente, el Ombudsperson nacional atestiguó la Firma de Convenio de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, que se llevó a cabo en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), donde hizo un llamado a las autoridades federales para dar marcha atrás en el retiro de la convocatoria para la aplicación de recursos públicos a refugios de mujeres afectadas por la violencia.

Señaló que ese no es un buen mensaje y consideró necesario hacer un exhorto para que no se retiren estos apoyos; dijo que la CNDH no está en contra de que se busquen nuevos mecanismos de ayuda, ni de que se revisen los métodos para mejorarlos y ver modelos más eficientes, sino que se opone a que se retiren los apoyos y se afecten los derechos humanos de las mujeres que viven en esos albergues.

Destacó que el Convenio firmado constituye una sana alianza entre los sectores privado, público y el Órgano Autónomo local, en beneficio de los ciudadanos. Puso en relieve que cuando las Comisiones de Derechos Humanos recomiendan, no buscan denostar ninguna institución, sino señalar que alguien no cumplió con lo establecido en la Ley y al observarlo estamos fortaleciendo el Estado de Derecho.

Subrayó que el que los policías garanticen la seguridad pública no es incompatible con el respeto de los derechos humanos; afirmó que velar por la seguridad es velar por un derecho humano de las personas. Estos servidores públicos son sujetos de derecho y anunció que en breve la CNDH presentará un estudio realizado conjuntamente con la UNAM, sobre los derechos de los policías y el valioso servicio que prestan; destacó la importancia de la preparación de esos elementos para el buen desempeño de sus responsabilidades.

Celebró que el sector privado se sume a este esfuerzo, porque las empresas tienen no solo un compromiso empresarial sino también uno social, y destacó que el respeto de los derechos humanos no es sólo ser empresa socialmente responsable, sino que además se deben cumplir cuatro aspectos: respeto de la ley, respeto de los derechos humanos, debida diligencia empresarial, y mitigación ecológica y reparación de daños.

Posteriormente, el Presidente de la CNDH sostuvo un encuentro privado con el Gobernador Constitucional del Estado, Juan Manuel Carreras López, en la que destacó que los Órganos autónomos son contrapesos sanos y ofreció la participación de la CNDH en coadyuvancia con el gobierno estatal y la Comisión local en la resolución de problemas de la entidad.

Dentro de su gira de trabajo por el estado, González Pérez también sostuvo reuniones de trabajo con Consejeras y Consejeros de la Comisión Estatal, y con Coordinadores Municipales de Derechos Humanos, así como con Diputadas y Diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género del Congreso del Estado.