Por: Oscar Nogueda/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobernación implementar medidas cautelares para impedir la violación a los derechos humanos  de niñas y niños por el recorte presupuestal  al “Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras y Padres solos” y emitir   las reglas de operación del Programa de  Apoyo del 2019.

La Comisión Nacional recibió varias quejas  por el recorte al presupuesto de  dicho programa social. Dentro de las denuncias recibidas, se encuentra  presentada la del 25 de febrero  por los responsables de Estancias Infantiles de diversas entidades del país, quienes solicitaron seguridad para las responsables de estancias infantiles que han sido amenazadas, los pagos de apoyo de enero y febrero, en los términos de operación del 2018; disculpa pública de las autoridades por difamación y frenar el hostigamiento a las responsables  de las estancias.

La CNDH  expresó su preocupación por el impacto de las medidas  anunciadas por la posible reducción de los derechos de los infantes  como el de educación, estimulación temprana y desarrollo integral. Además, de la posibilidad de agravarse la brecha de desigualdad de género, ya que las madres de familia podrían verse obligadas a dejar su empleo para cuidar a sus hijos.

Otras de las cuestiones de las que advirtió la Comisión Nacional son: Evitar la estigmatización de los responsables de las estancias,  la investigación  y sanción por parte de las  autoridades ante los señalamientos de corrupción en las estancias infantiles; verificar si la entrega de recursos, directamente, a los padres de familia es lo mejor y  la omisión del programa de apoyo  a las mujeres y padres trabajadores que no cuentan con los recursos ni la seguridad social  para pagar los cuidados infantiles.

Los responsables de  más de 8,000 estancias infantiles fueron capacitados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la detección y atención temprana de infantes con discapacidad. Durante el período 2017 y 2018, la Auditoria Superior de la Federación realizó una evaluación, en la cual se detectó irregularidades en 319 estancias infantiles de  9,565; esto representa  el 3.3% de  lo establecimientos del país y solo se hizo observaciones  al 1.8% del presupuesto del programa.

Por ello, la CNDH dirigió un oficio al Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en donde le solicita medidas cautelares  como  evitar la violación de los derechos fundamentales de los menores, la modificación de la forma de asignar los apoyos económicos, salvaguardar la  integridad de los trabajadores que han sido amenazados y agredidos.

Asimismo, evitar la estigmatización de los responsables de las estancias infantiles, generar políticas públicas de  igualdad entre los géneros, con el fin de que se les permita a las mujeres conciliar el ejercicio a los derechos del trabajo y de la familia, y evitar la regresión de los derechos económicos y sociales de los beneficiarios del programa.