Por: Patricia Ramírez/

Ante la detención prolongada, imputación de delitos sin investigación previa y violación a integridad física y psicológica de un migrante hondureño, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 33/2017 al gobierno de Baja California, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El agraviado fue acusado por ilícitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo cual fue detenido en Tijuana, Baja California, sin embargo, el Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) tampoco cumplió su labor y el migrante estuvo incomunicado y estado de indefensión; ante estas acciones, la CNDH también acreditó al AMPF.

En 2014, la Comisión Nacional recibió la queja del afectado, quien afirmó que recibió maltrato físico por parte de la Policía Federal (PF), quienes durante su detención le obligaron a desplazarse sobre sus rodillas.

La CNDH concluyó que fueron violados los derechos humanos a la libertad, integridad personal, privacidad, honor, protección de datos personas, legalidad y acceso a la justicia. Por lo que, recomendó al gobierno de Baja California y la CNS reparar los daños a la víctima mediante una compensación y atención psicológica.

Además, se propuso elaborar una iniciativa para la Ley de Víctimas para la entidad que permita capacitar en materia de derechos humanos a los elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Federal.