Por: Oscar Nogueda/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  mandó una recomendación al Fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, por  detenciones arbitrarias, tortura  y violación sexual de personas detenidas.

La CNDH acreditó violaciones a los derechos de seguridad jurídica y libertad personal en nueve casos; a la integridad personal por tortura en 14 de ellos; a la integridad personal por tratos inhumanos en dos; a la integridad sexual por tortura y violencia sexual  tres y a  el acceso a la justicia y verdad en 19. Todas estas violaciones fueron atribuidas por la entonces  Procuraduría estatal.

La Comisión Nacional determinó que  la policía ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y justifico su detención para seguir con la investigación de los delitos que se les imputaba. Las víctimas fueron llevadas a un  gimnasio, dentro de las instalaciones de la Procuraduría,  donde eran atadas de manos y pies  para golpearlos. Dentro de las violaciones, los agentes ministeriales  amenazaron a las personas  con dañar a su familia para que declararan su participación en actos ilícitos.

Además,  las victimas permanecieron incomunicadas, sin certeza de su situación jurídica, y tres mujeres fueron sometidas a tortura y violencia sexual, donde una de ellas fue obligada a firmar una denuncia para inculpar a un elemento policial.

Las valoraciones médicas acreditaron las lesiones físicas  y psicológicas de las víctimas, incluso una de ellas trato de suicidarse. Por otro lado, los peritos de la Procuraduría no precisaron las características y temporalidad de las lesiones, incluso mencionaron que los detenidos se encontraban bien de salud.

La CNDH abrió un expediente de queja por familiares de 186 internos de los Centros de Readaptación Social, donde  se presentaron denuncias por tortura y detenciones arbitrarias  contra policías ministeriales y funcionarios de alto de nivel de la entones Procuraduría.

Por ello, la Comisión Nacional solicitó al  Fiscal de Aguascalientes reparar el daño  a los afectados, colaborar  en la denuncia que interpondrá la CNDH   contra las personas  involucradas en dichos acto y dejar constancia de esta recomendación en el expediente laboral de  cada uno de los involucrados.