Por: Fernando Nava
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y a miembros de su gabinete, por el caso de una mujer que sufrió violencia sexual y no fue debidamente atendida por policías municipales y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Luego de que la mujer fue víctima de delitos sexuales el 4 de abril de 2014, se dirigió a su esposo para contarle lo que había pasado.
En ese momento, ambos se dirigieron a dos policías municipales de Celaya, quienes no quisieron hacer un recorrido por la zona de los hechos, para detener al agresor.
Minutos más tarde, los uniformados le dijeron al esposo “tiene un novio o un amante”, así la llevaron a la Agencia del Ministerio Público, pero dejándola en el exterior del recinto.
El argumento que presentaron tanto los policías como los ministeriales fue que la mujer “no iba golpeada o maltratada”, además fue acusada de haber dejado a sus hijas para “tener sexo con un hombre”.
Este caso fue tomado por la CNDH para que se resuelva y la mujer pueda tener acceso a la justicia, pues para la Comisión, el país se encuentra en un contexto de una cultura sexista, por lo que los casos como este, no deben quedarse impunes.
Sin embargo, al hacer la investigación y dar seguimiento del caso, en las declaraciones dadas por los policías municipales, encontraron que “las autoridades encargadas de las investigaciones de incidentes de violencia contra las mujeres no efectuaban su labor de manera competente e imparcial y que esta falla impactaba la eventual sanción de los casos”.
Por otra parte, otras cinco declaraciones más, de policías, no son coincidentes y existen contradicciones en ellas, además, no recabaron que los agentes ministeriales tuvieron el primer contacto con la víctima.
Ante ello, la CNDH reconoce que la violencia contra las mujeres es una de las formas más extremas de discriminación y violación a sus derechos humanos.
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