Por: Patricia Ramírez

Por la detención arbitraria de una víctima acusada de portar un arma de fuego el pasado 7 de septiembre en la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 13/2017 a Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), por violación a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal, acceso a la justicia y verdad.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la CNDH, se acreditó que el año pasado, la víctima fue interceptada por elementos de la Policía Federal Ministerial cuando viajaba en su vehículo en el Eje 10 Sur de la delegación Álvaro Obregón e iniciaron una revisión donde encontraron un arma de fuego envuelta en papel blanco, misma que fue colocada por uno de los servidores públicos.

El presunto culpable fue detenido por dos días mientras un Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF) inició una averiguación previa en su contra por el delito de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, además, durante el tiempo detenido se tuvo acceso a la información del celular del agraviado sin su consentimiento. Finalmente se le otorgó la libertad provisional bajo caución.

El 10 de septiembre, la víctima presentó una queja ante la CNDH, la cual acreditó la violación al derecho de Acceso a la Justicia atribuida a los AMPF involucrados en la detención. También se encontró la falta a la verdad por parte de dos servidores públicos de la Policía Federal, quienes se negaron a proporcionar la identidad del verdadero dueño del arma de fuego.

En la recomendación emitida a Cervantes Andrade, se solicita conforme a la Ley General de Víctimas, proporcionar al agraviado la atención psicológica necesaria y continuar la averiguación del delito. También, se solicita continuar el trabajo en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para investigar la irregular comisión de los elementos aprehensores responsables.

Además, en la Recomendación se incluye el impartir un curso al personal ministerial y policial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR (SEIDFPGR), relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos.