Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó reconocer el problema que representa el tema en el país, para atenderlo y erradicarlo, por el impacto negativo que tiene en los derechos fundamentales y que con otros fenómenos integran los binomios de pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, y corrupción e impunidad, que representan los grandes desafíos para México en un Estado débil de Derecho.

Pese a contar con mecanismos jurídicos para eliminar la corrupción, persiste esa práctica en la sociedad mexicana que percibió un aumento entre 2016 a 2017. La corrupción debilita a las instituciones encargadas de velar por los intereses de las personas y del país, por lo cual se pronunció porque se complete el Sistema Nacional Anticorrupción y opere a la mayor brevedad de manera plena y eficaz.

Por ello, es necesario que las prácticas de corrupción sean prevenidas y sancionadas de manera efectiva y real, en específico las que influyen de manera directa en la violación de derechos como a la salud, vivienda digna, seguridad social, alimentación nutritiva, sana y suficiente o a la educación, además de atender el impacto que causa a otros problemas como desigualdad, exclusión y pobreza.

La lucha contra la corrupción debe considerar el tipo de violaciones a derechos que se busca evitar; además, el contexto donde opera la relación entre corrupción y derechos humanos. Principalmente, en el diseño institucional, ya que el marco estructural de la corrupción se realiza mediante redes de criminalidad que funcionan cada vez con mayor complejidad.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar con la Secretaria de la Función Pública, Areli Gómez González, en la conmemoración del Día por la Integridad, impulsado por esa instancia, en que puso de manifiesto que la corrupción se mantiene en segundo lugar de los problemas que más preocupan a la población, sólo después de la inseguridad y delincuencia.

Tras mencionar que, de acuerdo con cifras de 2017 del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de población preocupado por dicho tema pasó de 50.9% a 56.7%, destacó que la tasa de población que experimentó un acto de corrupción entre 2016 y 2017 fue de 14,635 personas por cada 100,000 habitantes, cifra superior a la reportada en 2015, que fue de 12,590 personas por cada 100,000.

Enfatizó que la preocupación por acabar con la corrupción es tema compartido a nivel internacional, como lo evidencian los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y señaló que en el ámbito regional es medular considerar la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, firmada por México en Caracas, Venezuela, en marzo de 1996 y aprobada por el Senado el 30 de octubre de ese año, que establece prácticas como asistencia jurídica, cooperación técnica, extradición, confiscación y decomiso de bienes provenientes de actos de corrupción para combatir dicho fenómeno.

Recordó que con el fin de poner de manifestó el impacto de la corrupción en el goce y disfrute de los derechos fundamentales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró en 2017 el estudio Los Derechos Humanos y la corrupción en México, realizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde se expone la necesidad de contar con indicadores e índices oficiales en materia de corrupción, además de señalar que los datos existentes no permiten construir diagnósticos sólidos ni desarrollar políticas públicas contra ese fenómeno.

Por su parte, Arely Gómez González coincidió con el Ombudsperson nacional en la urgencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción completo, para consolidar un instrumento que garantice el adecuado uso de los recursos públicos, combatir fenómenos como la desigualdad y fortalecer la capacidad de los tres niveles de gobierno para proteger los derechos humanos.

Indicó que la corrupción merma la confianza de la ciudadanía en las instituciones, afecta el pleno goce de los derechos fundamentales, reduce la efectividad de los gobiernos para atender y resolver los problemas de la sociedad, es factor de discriminación y visibiliza la falta de compromiso de algunos servidores públicos con la legalidad.

Alexandra Hass Paciuc, Presidenta de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señaló que la CNDH ha sido aliada en el acompañamiento, defensa de los derechos humanos y no discriminación en el país. Destacó que la protección, respeto y promoción de los derechos humanos es un imperativo legal plasmado en el artículo 1° de la Constitución Política.

Tras mencionar que, en su mayoría, las personas originarias de los pueblos y comunidades indígenas presentan discriminación en todos los ámbitos de la vida social que inhibe su acceso a los derechos fundamentales y provoca que se forme un patrón de marginación estructural, finalmente refirió que discutir el papel de la corrupción es necesario, porque la extracción de beneficios privados contra el interés público tiene el potencial de afectar a quienes se encuentran en condiciones desfavorables.