Por: Redacción

El titular del Poder Judicial de la Federación, Ministro Luis María Aguilar Morales, afirmó ante los secretarios de la Defensa Nacional y de la Armada de México, General Salvador Cienfuegos Zepeda y Almirante Francisco Soberón Sáenz, que a la ciudadanía no le satisfacen matices orgánicos o distinciones competenciales, sino resultados.

“Lo que quiere nuestro pueblo es tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de cualquiera de sus autoridades”, señaló el ministro.

Lo anterior, en el marco de la firma de sendos convenios de colaboración institucional entre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar), durante el cual se refrendó como causa común el compromiso de combatir el flagelo de la criminalidad para que desaparezca, a la par de que se respeten plenamente los derechos de todos.

Inhibir de la ecuación alguna de estas obligaciones se traduce en un desequilibrio inaceptable que equivale a la ausencia de justicia: pues la fuerza sin ley que la respalde es mera violencia, pero también la ley sin fuerza que la haga valer es letra muerta, advirtió el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF.

Es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia como sus principales aliados contra la delincuencia, el escepticismo ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de una realidad profundamente insatisfactoria, agregó.

El presidente del CJF explicó que este convenio constituye la primera gran acción que se da en el marco del acuerdo suscrito el 18 de junio pasado entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Reconoció a los titulares de las Fuerzas Armadas Nacionales que, como es su costumbre, dan un paso al frente y toman la iniciativa; son ejemplo y marcan la pauta de la indispensable coordinación que demanda el nuevo paradigma constitucional.

Ahora el reto del nuevo sistema es mayor e implica dar los resultados que la ciudadanía reclama y que pasan necesariamente por lograr la tranquilidad en las calles, así como cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; en suma, dijo, eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de sus autoridades. A todo ello tiene derecho y es nuestro deber satisfacerlo.

Desde hace largo tiempo, explicó el ministro presidente, la ciudadanía nos envía mensajes que deben ser entendidos por los distintos operadores de manera certera, pues cuando falla uno de sus componentes, hace que todo el sistema se debilite.

Dijo que si un juzgador pone en libertad a un acusado como consecuencia de violaciones a sus derechos fundamentales o al debido proceso, desgraciadamente genera en la percepción pública el descrédito de todas las instituciones de justicia, de todo el sistema, “pero no es opción convalidar actuaciones contrarias a la Constitución y violatorias de derechos fundamentales”.

Abundó que los juzgadores no pueden pasar por alto actuaciones indebidas de la autoridad que se traduzcan en el menoscabo de los derechos humanos, ya que la razón de ser de la judicatura federal es la protección de esos derechos y no hay cabida a regresiones, su plena vigencia está en la médula misma del Estado de Derecho y trasciend