Por: Redacción/

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) emite un Informe de Balance tras el primer año de seguimiento a las recomendaciones de la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este balance da cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano que pueden contribuir en el esclarecimiento de los hechos en materia de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, en investigación, así como acciones para la atención a víctimas y familiares.

La presencia del Mecanismo en el terreno a través de sus visitas oficiales, logró espacios de interlocución entre todas las partes involucradas, en particular con los familiares, lo que facilitó el intercambio de información. Dichos encuentros fueron espacios de discusión respetuosos, francos y abiertos. La CIDH, asimismo, reconoce y valora que en atención a los planteamientos del Mecanismo, el Estado mexicano inició diligencias sugeridas con el fin de avanzar en las investigaciones.

A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose. La CIDH reconoce que en el expediente de la investigación se incluyeron las averiguaciones previas de otras entidades estatales y las nuevas líneas de investigación abiertas. Sin embargo, la CIDH considera que las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral. Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente.

Por otra parte la CIDH ha solicitado al Estado que explique, ante la cantidad y la calidad de la información que obra en el expediente, el cambio de narrativa, sin tener una respuesta concreta. La Comisión reitera que, a la fecha, no hay persona alguna en esta causa que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada y no hay una sola sentencia condenatoria.

En cuanto a la búsqueda, la utilización de la tecnología LiDAR es un paso importante adoptado por el Estado que debe continuarse, analizada junto al entrecruce de informaciones, como las recolectadas en declaraciones, y en el análisis de telefonía. La CIDH resalta la importancia de realizar una búsqueda clara, integral y certera sin duplicar esfuerzos institucionales y de contar con una base de datos de fosas en el estado de Guerrero. Ello contribuirá a comprender en mayor dimensión el contexto de desapariciones y el modus operandi, asimismo, permitirá profundizar el análisis respecto de patrones de inhumación que permitan alimentar las búsquedas.

En cuanto a medidas estructurales, la Comisión valora que el Estado adoptó la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Tortura.

Respecto de la investigación, el Mecanismo Especial observa que se avanzó en diversos aspectos como: la presentación de acusaciones en contra de autoridades policiales; los análisis de telefonía que incluyen el análisis a los teléfonos de los estudiantes desaparecidos que tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014; la obtención de información por medio de la asistencia jurídica internacional con EE.UU, y la investigación sobre el quinto autobús y el tráfico de drogas en otras líneas de autobuses.

En particular, el Mecanismo reconoce que el Estado mexicano reconoció el tráfico de drogas en Guerrero hacia Estados Unidos en autobuses. La información recibida como producto de la asistencia jurídica internacional brinda mayores elementos sobre varias de las líneas de investigación ya abiertas que es necesario profundizar. Asimismo, abre nuevas líneas que deben ser exploradas en relación con el móvil de los hechos. La CIDH también valora que en la actualidad, la Oficina de investigación del caso Iguala esté profundizando la investigación de algunas líneas de autobuses que presuntamente eran utilizadas para traficar drogas o dinero entre México y Estados Unidos de Norteamérica, y que podrían guardar relación con la desaparición de los estudiantes.

Por otra parte, el Mecanismo observa que sigue pendiente determinar el grado de participación en los hechos de la policía federal, del Ejército, las policías municipales y las autoridades estatales. La CIDH enfatiza la importancia que el Estado utilice los mecanismos de colaboración eficaz que tiene a su alcance y debe implementar frente al alto número de personas detenidas. Asimismo, llama a la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes y dará seguimiento cercano a las solicitudes de cooperación jurídica internacional y las diligencias que se realicen con base en dicha información.

En cuanto a las investigaciones internas, la CIDH continuará dando seguimiento a las investigaciones realizadas sobre las graves denuncias de tortura, sobre denuncias de ocultamiento de pruebas, así como al presunto intento de infección de malware a distintas personas defensoras de derechos humanos vinculados al caso. Del mismo modo, el Mecanismo enfatiza la importancia de reconducir las investigaciones bajo el tipo penal de desaparición forzada, y que se analice la magnitud de los hechos ocurridos de manera integral y unificada. Lo anterior, a fin de fortalecer una nueva hipótesis sustentada con pruebas objetivas, lo cual es clave para la verdad y justicia.

En cuanto a la atención a víctimas, la Comisión valora positivamente la atención brindada a los estudiantes heridos Édgar Andrés Vargas y a Aldo Gutiérrez Solano, quienes quedaron en condición de salud grave debido a los atentados contra sus vidas. La CIDH también reconoce la atención médica especializada proporcionada por el Estado a los familiares de los estudiantes desaparecidos que la han requerido. El Estado debe continuar garantizando todo el apoyo brindado. Asimismo, la CIDH espera que las partes se reúnan lo más pronto posible, para llegar a un acuerdo en la implementación de las recomendaciones del informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”.

Finalmente, la CIDH reconoce la resiliencia y fuerza de los familiares y de las víctimas en la búsqueda de la verdad y justicia, y alienta al Estado a cumplir con todas sus recomendaciones y con las del GIEI. La Comisión continuará en el transcurso de este año monitoreando la búsqueda, investigación y atención integral a las víctimas y familiares a través de su Mecanismo de Seguimiento, en un esquema de diálogo transparente y constructivo, teniendo como principal objetivo la obligación de dar con el paradero de las víctimas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.