Por: Redacción/

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó hoy ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”.

El informe aborda la situación de derechos humanos en Nicaragua observada por la CIDH en su visita de trabajo realizada al país del 17 al 21 de mayo de 2018, así como a través del seguimiento de los hechos ocurridos con posterioridad a la visita, en relación con los actos de violencia ocurridos en el contexto de las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018.  Según cifras relevadas por la CIDH, la acción represiva del Estado ha dejado al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio,  así como cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación.

Los hallazgos de la visita de trabajo muestran que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y que siguió un patrón común, caracterizado por:  el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, incluyendo el uso de la fuerza letal de manera deliberada y sistemática; el uso de grupos parapoliciales con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales; obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones; un patrón de detenciones ilegales arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban pacíficamente en protestas y personas que transitaban en vías públicas en las zonas de los incidentes; el uso de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la mayoría de las personas detenidas, llegando algunos de estos a alcanzar el umbral de tortura; la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta; intimidaciones y amenazas  contra líderes de movimientos sociales; y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto.

La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos. La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Son de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país. De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación por la violación al derecho a la salud y por la denegación de atención médica, las represalias contra personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura, actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión. Los manifestantes, incluyendo los estudiantes que se refugiaron en las universidades, las personas que resguardan los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión.

La CIDH advirtió que la respuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campañas de estigmatización. La revisión de múltiples medios de comunicación da cuenta que estas campañas han estado dirigidas contra quienes participan en protestas o trabajan en la defensa de los derechos humanos. En Nicaragua las personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo.

La CIDH identifica que hay una creciente violencia social en el país. La tensión y la reacción al ambiente de injusticia y desprotección por parte de los actores estatales están generando acciones que exceden los límites de las protestas pacíficas. Sectores sociales afines al gobierno y agentes estatales también han sido objeto de represalias y hostigamientos. De acuerdo con los datos suministrados por el Estado, entre el 18 de abril y 6 de junio de 2018, al menos 5 policías han perdido la vida y 65 han resultado lesionados en el contexto de las protestas. La Comisión igualmente reprueba estas acciones que atentan contra la vida y la integridad de las personas, las cuales deben ser investigadas y sancionadas.

La CIDH reitera su llamado al cese inmediato de la represión. Asimismo, urge que todos los actos de violencia estatal sean investigados de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales sobre la materia para asegurar el derecho a la verdad. De igual forma, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar una reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, de conformidad con los estándares en la materia.

En circunstancias de crisis política y conflictividad social como la que vive Nicaragua, es indispensable generar las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto a los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Esto implica asegurar que la respuesta estatal a las manifestaciones y expresiones de disenso, incluidos los cortes de ruta y tomas de edificios universitarios, se realice bajo un enfoque de gestión negociada que privilegie la comunicación, la cooperación y el intercambio de información por encima de la intensificación del uso de la fuerza policial y otras medidas coercitivas. Al tiempo que la CIDH condena el uso de medios violentos por parte de un grupo de manifestantes, urge al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar que la actuación de sus autoridades se realice con arreglo a las normas y estándares internacionales en esta materia y esté siempre dirigida a reducir la conflictividad social y facilitar el diálogo significativo.  En esa medida, la CIDH llama a continuar con las negociaciones en el marco de la Mesa Nacional de Diálogo con el fin de alcanzar una solución pacífica a esta grave crisis de derechos humanos.

Este informe representa el punto de partida del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enfocando en la determinación técnica de las principales líneas de investigación, así como en el establecimiento de las recomendaciones de acciones particulares que deben ser realizadas en los distintos niveles de responsabilidad jurídica. Asimismo, este informe sirve de base para la instalación del MESENI, mecanismo que dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de informes y a las medidas cautelares otorgadas en este contexto, y que permitirá mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

La CIDH agradece al Estado de Nicaragua la invitación a realizar la visita, así como el apoyo de la sociedad civil para concretarla. La Comisión agradece toda la información suministrada por las autoridades estatales y las facilidades logísticas que le fueron brindadas.

La Comisión quiere agradecer especialmente a centenas de víctimas, testigos, familiares, colectivos y organizaciones que rindieron sus testimonios, denuncias, y brindaron información detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo que exigió de su parte actos de coraje y compromiso con la justicia.  En memoria de las 212 víctimas fallecidas, nuestro Informe va acompañado de un anexo con el nombre de cada una de ellas.

Teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confía en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política y de derechos humanos que vive el país. La condición imprescindible para cualquier solución pasa por el compromiso con la  verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las víctimas y sus familiares. La CIDH reitera su absoluta disponibilidad para continuar aportando en este proceso.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.