Por: Redacción/

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su alarma y condena los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. La CIDH reitera su llamado al Estado a tomar medidas urgentes para proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país, así como a llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con información registrada por el programa de sociedad civil Somos Defensores del Sistema de Información sobre Agresiones Contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, en el primer trimestre del 2018 hubo 46 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Esta cifra duplica el número de casos registrados en el mismo periodo en 2017. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) señaló por su parte que entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 casos de asesinatos. Los departamentos más afectados por esta violencia, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, son el Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó.

En marzo de este año, la Comisión expresó su preocupación respecto a que muchos de estos defensores y defensoras asesinadas desempeñaban acciones para la implementación del Acuerdo de Paz. En este sentido, OACNUDH recientemente advirtió el daño que esta situación provoca al proceso de paz y a la democracia colombiana. La Comisión subraya que estos asesinatos se dan en un contexto de violencia más amplio que enfrentan personas defensoras en el país. De acuerdo a registros de la sociedad civil, en el primer trimestre de este año 132 defensores y defensoras de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida o integridad personal. Las personas que defienden derechos humanos también vienen siendo sometidas a actos de difamación que promueven el odio por redes sociales, así como a otras formas de persecución como seguimientos, interceptaciones ilegales a sus comunicaciones, y robo de información.

Los actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad y generan un efecto amedrentador y disuasivo de la labor de defensa de los derechos humanos. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y sumiéndolos en una situación de indefensión. “La labor de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia es crucial para la construcción de una sociedad democrática” señaló el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator para Colombia y para las personas defensoras de derechos humanos. “El Estado de Colombia debe garantizar un ambiente seguro en el cual las personas defensoras puedan ejercer libremente su derecho a defender a derechos”.

“La protección de las personas defensoras es especialmente importante en un contexto como el de Colombia, en el que se está haciendo efectiva la implementación de un acuerdo de paz que pone fin a un conflicto de décadas”, señaló Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH.

La Comisión reitera que el Estado debe tomar acciones urgentes para investigar los actos de violencia contra las personas defensoras y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como para prevenir difamaciones, agresiones, y ataques en su contra. Ello debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que la violencia haya sido cometida en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser emprendida con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial. La Comisión urge al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos en el país.

“El Estado debe tomar en cuenta los factores de riesgo específicos que enfrentan grupos de personas defensoras de derechos humanos en situación de especial vulnerabilidad, incluidas las mujeres, las y los integrantes de comunidades indígenas, las personas afro-descendientes o quienes habitan en zonas rurales” señaló la Presidenta Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. “En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes, incluyendo perspectivas de género y étnico-racial”. La Comisión también urge al Estado a diseñar e implementar estrategias de prevención y medidas de protección que sean integrales, culturalmente adecuadas y especializadas, a fin de garantizar que las personas defensoras puedan realizar su labor en condiciones de igualdad y no discriminación y libres de toda forma de violencia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.