Por Vicente Flores 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Francisco Pacheco Beltrán, ocurrido el 25 de abril en la localidad de Taxco, estado de Guerrero, México, e instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

La CIDH, recordó en un comunicado, que este es el cuarto asesinato de periodistas registrado en México este año: el 21 de enero fue asesinado el periodista Marcos Hernández Bautista en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca, el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla y el 20 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de Moisés Dagdug Lutzow.

En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en 2015 se registraron seis casos.

De acuerdo a la información disponible, Pacheco trabajaba para El Sol de Acapulco, El Faro de Taxco y la estación de radio Capital Máxima de Chilpancingo. Tenía además su propio portal de noticias, Pacheco Digital, donde cubría los hechos que ocurrían en su estado, Guerrero, uno de los más violentos del país.

La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen estaría asociado con el ejercicio de la libertad de expresión, y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

La Relatoría Especial considera que se debe evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, estima esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.

Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.