Por: Patricia Ramírez/
Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), expuso la situación actual de los ilícitos relacionados con la corrupción que ocurren en los procesos electorales, y afirmó que casos de algunos políticos como César Duarte, ex gobernador de Coahuila, son ejemplo de delitos que no deben ocurrir en las elecciones de 2018.
Durante una conferencia llevada a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Nieto Castillo informó de las condiciones electorales que se viven en México, principalmente los ilícitos que afectan el registro de electores son ocasionados por la escasez de recursos en gran parte de la población, la cual es movida por los partidos políticos.
Asimismo, el turismo electoral, es decir, los cambios de domicilio de un numeroso grupo de personas para influir en las campañas electorales; la utilización de programas sociales para obligar a votar por determinado partido; financiamiento ilícito, delincuencia organizada; la falsificación de cédulas de candidatos independientes y las debilidades institucionales, fueron señalados como los principales delitos y retos que enfrenta la FEPADE.
Los estados involucrados son Veracruz, Quintana Roo, Puebla y Estado de México, sin embargo, Nieto Castillo informó que cada vez hay casos más complejos, como son los delitos cometidos por Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y César Duarte, ex mandatario de Coahuila, ambos pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el caso Veracruz, se utilizaron servicios y bienes públicos con fines electorales utilizando programas sociales, los cuales fueron dados de alta a nombre de su partido político. Sin embargo, se afirmó que las elecciones de 2018 no deben presentar los mismos delitos que los cometidos por dichos mandatarios.
De acuerdo con Nieto Castillo, 2018 va a representar la elección más compleja en la historia reciente de México, en la cual participarán 86 millones de mexicanos, la cifra más alta que se ha registrado, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) instalará 150 mil casillas.
Estas cantidades significan riesgos electorales, reconoció y propuso evitar la competencia, combatir la violencia política de género, eliminar la polarización, y seguir la vía de la institucionalidad para lograr un alto nivel de exigencia entre las autoridades competentes.
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