Por: Redacción

Monitorear, medir y evaluar el progreso de los sujetos obligados en materia de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, es uno de los retos del Sistema Nacional de Transparencia, destaca la Métrica de Gobierno Abierto 2017, elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“La línea base obtenida del estudio, que muestra avances, pero también desafíos para las instituciones del Estado mexicano, mide precisamente los atributos de gobierno abierto, es decir, qué tanto puede conocer un ciudadano lo que hacen sus gobiernos y qué tanto puede incidir en sus decisiones”, concluye el reporte.

De acuerdo con el documento, un desafío central es crear agendas diferenciadas para cada tipo de sujeto obligado en los distintos ámbitos de Gobierno, así como desarrollar iniciativas de participación que permeen a las actividades cotidianas de las oficinas públicas.

“Los ejercicios de Gobierno Abierto que ha impulsado el INAI en los estados son un instrumento más en el repertorio de herramientas para promover gobiernos abiertos. Por sí mismos, pueden detonar nuevas iniciativas de transparencia y participación a partir de los compromisos establecidos, pero su potencial transformador sólo será duradero si permea a las actividades cotidianas de las oficinas públicas.

Según el Índice de Gobierno Abierto, el promedio general obtenido fue de 0.39, en una escala de cero a uno, donde los partidos, fideicomisos y sindicatos fueron los peor calificados al tener 0.21, 0.16 y 0.11, respectivamente.

En comparación, el sector descentralizado, el Ejecutivo Federal y los organismos autónomos son los mejores evaluados al tener 0.57, 0.55 y 0.54 de calificación, respectivamente.

El Índice de Gobierno Abierto en México comprende la medición de la transparencia, donde la calificación fue de 0.50 y la de participación 0.28. El promedio de ambas calificaciones dio como resultado la apertura que tiene cada nivel de gobierno o sujeto obligado a nivel federación, estado y municipio.

Sobre estas calificaciones, el documento señala que se deben reducir las brechas entre Estados, nuevos y viejos sujetos obligados y entre las distintas áreas de la política.

“Los portales de transparencia tienen que combinar dos objetivos: asegurar que, por un lado, se cumplen las obligaciones previstas en la LGTAIP (Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública, incluidas las relacionadas con datos abiertos, y que, por otro, se ofrece información útil para los ciudadanos que utilizan los portales para conocer lo que hacen sus gobiernos”, recomienda el estudio.

Por otro lado, la Métrica permite observar las diferencias que existen entre el conjunto de sujetos obligados analizados en materia de transparencia, siendo los temas de transparencia proactiva y datos abiertos, dos agendas aún pendientes de fortalecer.

En el tema de participación ciudadana, la Métrica apunta hacia un desafío fundamental: lograr que los canales de participación que ofrecen los sujetos obligados para incorporar a la ciudadanía en su toma de decisiones sean eficaces, ya que los ciudadanos enfrentan una serie de dificultades al intentar activar estos mecanismos.