Por: Redacción/

Autoridades electorales locales y federales, tribunales, organizaciones de la sociedad civil, y la academia deben unir esfuerzos para mandar un mensaje de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres, afirmó la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela Herrera.

Al participar en el Tercer Conversatorio “Atención y acompañamiento a víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género”, el cual forma parte del ciclo conversatorios en línea “Desafíos para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género ante los procesos electorales”, subrayó la importancia de la denuncia, pero también de que las autoridades actúen de forma eficaz y les brinden acompañamiento.

Dijo que, si bien ya se cuenta con las reformas en materia de paridad de género, “tenemos que hacer un cambio muy importante desde dentro de las instituciones para tratar estos casos con una mayor eficacia, oportunidad y que realmente las mujeres que denuncian tengan una autoridad que les preste el auxilio correspondiente y que puedan llegar hasta las últimas consecuencias y se obtenga una sentencia”.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización llamó a los Organismos Públicos Locales Electorales, y al propio INE, a actuar oportunamente y atender con medidas cautelares y medidas de protección los casos, con independencia inclusive de si es de su competencia, porque lo importante es brindar el auxilio a las mujeres víctimas de violencia.

“Obteniendo una sentencia que declare que existió violencia política en su contra y se puedan activar todos los demás mecanismos que ya tenemos como el Registro Nacional de personas que han incurrido en actos de violencia política contra las mujeres por razón de género, para que entonces se les pueda impedir a esas personas que sean candidatas en las próximas elecciones, entre otras cosas”.

La Consejera Favela subrayó que esto no es una lucha solamente de las mujeres, es una lucha de la sociedad en su conjunto, por lo que se deben buscar aliados en todos los sectores, fomentar redes de apoyo, buscar la coordinación interinstitucional y sumar a las autoridades tradicionales.

En el conversatorio moderado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Carlos Ferrer Silva, la Síndica del Municipio de Nayarit, Marina Iyali -Tukarima- Carrillo Díaz, destacó que las mujeres indígenas están incidiendo en la vida política y la prueba es que ella es la segunda mujer en ocupar el cargo en su entidad.

Precisó que el Nayar comprende más de 500 comunidades indígenas y lamentó que los impartidores de justicia como son los ministerios públicos no tengan el conocimiento suficiente, ni quieran acudir a las comunidades lejanas para atender la violencia política en razón de género, lo que deja a las mujeres indígenas en la indefensión con carencia de medidas de protección.

El reto que tenemos “es desarrollar una línea jurisprudencial congruente, certeza y que sepamos todas y todos a dónde vamos”, mencionó la catedrática y exmagistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

Consideró que se debe trabajar en el terreno de las autoridades tradicionales para los sistemas normativos indígenas y que el Tribunal debe mandar un mensaje muy claro en materia de protección inmediata a las mujeres y medidas cautelares.

La Fiscal Especializada en Delitos Electorales del estado de Oaxaca, Esther Pinelo López afirmó que desde el 2017 se trabaja con las víctimas, además de que se tienen y aplican todos los protocolos y medidas de protección, así como el hecho de que se les designan asesores jurídicos.

“En estos casos es de vital importancia para nosotros que se atienda directamente a la víctima porque, de esa manera, podemos saber qué tipo de tratamiento se le da”, dijo.

Resaltó que, entre los derechos de las víctimas, se encuentra el de solicitar medidas de protección y una de las obligaciones del ministerio público es brindar y dar esta protección a la víctima cuando se tiene un peligro inminente de que pueda suceder alguna violencia mayor, como se hizo en el proceso electoral 2018, cuando se dieron 25 medidas de protección a candidatas porque habían sido amenazadas.

La diputada local en el Congreso de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, celebró que en la fiscalía se estén instrumentando los protocolos, pues expuso que no hay cercanía con la víctima para poner la denuncia, “tenemos dilación en los procesos de denuncia; no se asignan las medidas de protección y no hay protocolos de seguimiento”.

En consecuencia, agregó, “las mujeres pierden ese deseo de participar en el ámbito político porque no hay un acompañamiento efectivo” y la política se convierte en un terreno peligroso para las mujeres.

La Coordinadora de Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL), Angélica Sánchez Santiago, mencionó que desde 2009 brindan apoyo a las mujeres que sufren violencia política y dan acompañamiento a la participación política de las mujeres en el estado de Morelos.

Destacó la importancia de que se cuente con protocolos de atención, “el reto es que se apliquen las reformas aprobadas en abril y las sanciones que pudieran tener estos actos de violencia política”.

Finalmente, la activista y representante de Defensoras Populares, Lina Xóchitl Flores Archila celebró que con las reformas en materia de género del pasado 13 de abril, ya se cuenta con una plataforma jurídica para dar atención integral a los casos de violencia política en razón de género.

Hizo énfasis en casos como el de “Las Manuelitas”, donde se impidió la violencia política en contra de mujeres fue un mensaje importante para la sociedad en su conjunto y sobre todo, para los partidos políticos, lo cual debe continuar para seguir avanzando.