Por: Redacción/

Por dilación e irregularidades en la integración de la averiguación ministerial iniciada por la desaparición de una persona, acontecida en el Estado de Colima, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 72/2018 dirigida al Fiscal General del Estado de Colima, Gabriel Verduzco Rodríguez.

Este Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, en agravio de la víctima y sus familiares, atribuibles a personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, cometidas en la integración de la respectiva averiguación previa iniciada con motivo de la denuncia presentada por los padres de la víctima.

Tras su investigación, esta Comisión Nacional comprobó que dicho personal omitió, en diferentes momentos, realizar diligencias básicas y necesarias para localizar a la víctima, así como asegurar objetos y presentar, ante las instancias correspondientes, a las personas presuntamente vinculadas con los hechos, lo cual afectó el acceso a la justicia en su modalidad de procuración y faltaron con ello a su deber de investigar con prontitud el caso.

En su escrito de queja, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), la madre de la víctima refirió que varias camionetas de distintas corporaciones, tanto estatales como federales, llegaron a la Laguna de la Compuerta, donde su hijo pescaba, para detenerlo y subirlo a una de ellas, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Dicho expediente fue remitido a este Organismo Nacional en razón de competencia y su análisis permitió acreditar violaciones a los derechos al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, a la verdad y a la atención psicológica de las víctimas indirectas.

Las evidencias permitieron establecer que los representantes sociales que intervinieron en la integración de la indagatoria, ordenaron tomar muestras de material genético de la madre de la víctima y difundir en lugares públicos la fotografía de la persona desaparecida 35 días después de haber iniciado el Acta Circunstanciada correspondiente.

La indagatoria se mantuvo como acta circunstancia durante más de 5 años hasta que fue elevada a averiguación previa. Por otro lado, durante la investigación se recabaron las declaraciones de otra víctima indirecta y dos testigos sin realizarles un interrogatorio exhaustivo para allegarse mayor información.