Por. Redacción/

El pasado 9 de febrero, elementos del Ejército Mexicano, con apoyo de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Coordinación Estatal Antisecuestros, rescataron a 229 personas migrantes que se encontraban en casas de seguridad en dicha entidad, quienes estaban en espera para cruzar a Estados Unidos.

Cabe destacar que 41 de estas personas son mujeres y 109 niñas, niños y adolescentes; 128 son de origen guatemalteco, 86 hondureñas, 11 salvadoreñas, tres nicaragüenses y una persona mexicana.

El secuestro y la trata y tráfico de personas son considerados delitos graves en el ámbito federal, y la Ley de Migración dispone que cualquier persona víctima o testigo de delito tiene derecho a una visa humanitaria; en este sentido, se debe garantizar el acceso a este derecho para las 229 personas.

Por lo anterior, este Organismo -a través de sus Relatorías por los Derechos de las Niñas y los Niños y por los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional- hace un llamado a:

1. Que el Gobierno mexicano garantice la no deportación de estas personas a sus países de origen ya que fueron víctimas de un delito grave en territorio mexicano.

2. Que todas las personas rescatadas conozcan sus derechos y accedan a una visa humanitaria.

3. Que se apoye a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que darán acompañamiento.

4. Que se brinde atención psicosocial para que en el proceso de acceso a la justicia no se revictimice a estas personas.

5. Respecto a las 109 niñas, niños y adolescentes rescatadas, garantizar su atención reconociendo su situación personal y sus necesidades, el interés superior, y la no discriminación, de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

6. Informarles sobre su condición jurídica y su derecho a ponerse en contacto con sus consulados. En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, ofrecerles servicios de defensa acordes a sus necesidades.

7. Garantizar las medidas integrales para atender a las personas migrantes y velar por su acceso a los servicios de salud, así como su protección frente a cualquier tipo de violencia.

La CDHDF permanecerá atenta a lo que suceda con esta población en los próximos días, para que se respeten y garanticen sus derechos humanos y se cumpla con las leyes nacionales y los tratados internacionales firmados y ratificados por México para la protección de todas las personas migrantes y sus familias.