• La Comisión local recordó que el nuevo sistema de justicia penal tiene como objetivo la sanción de las conductas delictivas, además reconoce a la reinserción social como un principio constitucional.

Por: Redacción/

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) apuntó que las reformas que incrementan el catalogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa contravienen la presunción de inocencia y permiten el retroceso a un sistema penal acusatorio de facto.

“Las reformas a la legislación penal aprobadas que establecen de manera oficiosa la prisión preventiva para varios delitos y que amplían las penas para otras conductas delictivas, contravienen el principio del uso mínimo del derecho penal en un Estado democrático y constitucional de derecho, así como el principio de presunción de inocencia. Lo anterior es así porque impone una pena de privación de libertad a una persona que no ha sido juzgada y declarada culpable”, sentenció la CDHCM.

Asimismo, indicó que estas reformas afectarán, principalmente, a mujeres, indígenas, jóvenes y personas en situación de pobreza debido a la falta de recursos para una defensa adecuada. También, provocará una sobrecarga de los servicios de defensoría pública, una saturación del sistema penitenciario y un deterioró en el ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad.

“Las medidas alimentan sin fundamento la percepción social de seguridad basada en la creencia de que mientas mayor sea el castigo, menor será la incidencia delictiva, aun cuando se ha documentado que no existe una relación necesaria ni causal entre ambas cosas”, agregó la CDHCM.

La Comisión local recordó que el nuevo sistema de justicia penal tiene como objetivo la sanción de las conductas delictivas, además reconoce a la reinserción social como un principio constitucional. Por tal motivo, el Estado mexicano debe garantizar la reparación del daño, así como organizar el sistema penitenciario sobre los derechos humanos, la capacitación, la salud y el deporte.

“Las normas penales deben garantizar el respeto a derechos humanos y sus principios, entre los que se encuentran la seguridad jurídica, la integridad personal, el patrimonio, entre otros. Tales principios y derechos motivaron la reforma constitucional en materia de justicia penal implementada en todo el país de manera progresiva a partir de 2008. El incremento tanto de los tipos penales que permite la prisión preventiva oficiosa, así como de las penas contradicen el ánimo de tal reforma y traza el camino de regreso a un sistema penal acusatorio de facto”, comentó la CDHCM.

Aunado a ello, destacó que aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva contravienen los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el derecho protesta y manifestación o el libre desarrollo de la personalidad asociado al derecho a la vida privada, con impacto en la legislación en materia de salud.

“Contar con excepciones a la prisión preventiva oficiosa ya había sido señalado como contrario a los principios que rigen los derechos humanos por organismos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos, por lo que ampliar el catálogo de excepciones no sólo rompe con la razonabilidad que buscaba justificar su existencia, sino que confirma tanto su obsolescencia”, puntualizó la CDHCM.

La Comisión capitalina resaltó que la persecución del delito está comprometida por la capacidad de las instituciones ministeriales y no por un sistema penal acusatorio respetuoso. Por ello, enfatizó que los Senadores deben revisar estas reformas con un enfoque de derechos humanos, el cual permita visualizar los riesgos de estas modificaciones.