Por: Redacción/

Con el fin de castigar con uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil Unidades de Medida y Actualización, a quien elabore, introduzca, transporte y distribuya plaguicidas ilegales, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) propone modificar la Ley General de Salud.

La reforma que adiciona el artículo 456 Bis a la Ley, cita que también se sancionará a quien comercialice, almacene, posea, deseche o en general realice actos con plaguicidas o nutrientes vegetales ilegales o falsificados, física o químicamente.

La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Salud para dictamen, señala que los productos utilizados en el campo como fertilizantes o plaguicidas, son sometidos a un aproximado de 11.3 años de estudios, pruebas exhaustivas y estrictas para garantizar su sustentabilidad. Debido a su eficacia, únicamente es utilizado un aproximado de 15 a 30 gramos para el control de plagas por cada hectárea sembrada.

Estos productos se emplean principalmente para controlar cualquier plaga, incluidas aquellas que pudiesen transmitir enfermedades humanas y de animales que causen perjuicio o interfieran con la producción agrícola.

Indica que la elaboración de estos productos, específicamente de los plaguicidas, tiene el respaldo científico y un riguroso proceso de regulación. La inversión aproximada para garantizar la seguridad de estos productos es de 286 millones de dólares, enfocada principalmente en la seguridad ambiental, seguridad toxicológica y la eficacia agronómica.

Sin embargo, agregó la diputada, a pesar de los rigurosos procesos de validación a los que son sometidos, los productores y agricultores se enfrentan al comercio ilegal; actualmente se distribuyen productos que son falsificados o adulterados, que no cuentan con registro, o bien, productos reetiquetados o con etiqueta sobrepuesta.

Subrayó que el uso de insumos agrícolas falsificados o adulterados ocasionan graves daños económicos, sociales, ambientales y representan gran peligro para la salud, tanto de los usuarios que los manejan como para los consumidores, al exponerse a diversos agentes químicos que no pasaron por un proceso de verificación y de seguridad.

De igual manera, agregó, su uso puede perjudicar cultivos enteros afectando a pequeños y medianos productores, además de que puede generar el rechazo de estos productos para su importación.

Otras consecuencias de su uso ilegal es que contaminan el aire, suelo, aguas subterráneas y drenaje, generan impacto negativo sobre diversas plantas, aves, animales y a la vida marina.

La legisladora Flores Carranza mencionó que la Ley General de Salud únicamente contempla el comercio ilegal de sustancias tóxicas o peligrosas, es decir, “la legislación tiene una laguna normativa sobre el tratamiento de plaguicidas o nutrientes vegetales obtenidos de manera ilegal o, peor aún, que hubieren sido falsificados por cualquier procedimiento químico o físico”.

Ante ello, puntualizó que con la propuesta se beneficiará al campo y a la seguridad de agricultores y, principalmente, a la salud de todos los consumidores de productos agrícolas.

Es importante proteger al campo, ya que el país se ha posicionado como el primer productor y exportador a nivel mundial de aguacate, el primer exportador de cerveza, el segundo productor de chile verde, el segundo exportador de jitomate y limón y el séptimo productor de proteína animal, consideró.

Añadió que actualmente ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina y el número 12 a nivel mundial, además de que la participación del campo en la economía nacional es importante, ya que la agricultura aporta el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 62.9 por ciento del PIB total de las actividades primarias.