Por: Redacción/
La diputada Ivanova Pool Pech exigió a las autoridades del sistema financiero y de la Procuraduría General de la República clarificar urgentemente y aplicar todo el rigor de la ley “a quienes de forma cínica y miserable” desviaron los recursos destinados para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre pasado, al usar para sus fines particulares tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Es lamentable que nuevamente la administración de Enrique Peña Nieto, lejos de garantizar el destino de los recursos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para las víctimas de los terremotos, se vea involucrada en un alarmante caso de corrupción “de cuello blanco”, que agrede la credibilidad de los mexicanos en las instituciones, en el sistema bancario mexicano, daña la confianza ciudadana y el respaldo internacional ante las desgracias naturales, precisó Ivanova Pool.
Indicó que la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados no permitirá que este acto aberrante se quede impune, “porque la opacidad de los funcionarios de Peña Nieto no se solucionará con un cambio de tarjetas ni con explicaciones irrisorias de funcionarios de Bansefi, si no con una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias”.
La Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados afirmó que ya se acabaron los tiempos de los crédulos, y que los legisladores aprobaron recursos para ayudar a los afectados y no para que el dinero se use en campañas electorales. “Afortunadamente, la ciudadanía ya no se deja engañar ni votará por despensas. Se le acabó el tiempo al PRI corrupto, y se investigará y se castigará a los principales responsables”, advirtió.
Se habla de clonaciones, pero tendrán que demostrarlo, porque son más de 100 clonaciones solamente en algunas regiones de Oaxaca y Chiapas, pero hay casos en lugares no autorizados, como la Ciudad de México, Jalisco y hasta Quintana Roo.
Las tarjetas de Bansefi que se entregaron tenían un monto de 15 mil pesos, sin embargo hay hasta 34 tarjetas a nombre de una sola persona, por depósitos que alcanzan casi 600 mil pesos, y que nunca fueron entregadas a los beneficiarios en Oaxaca y Chiapas, pero hay otros casos en lugares no autorizados para el cobro, como Jalisco y Quintana Roo, lo que es un delito grave cometido con premeditación, alevosía y ventaja, que debe castigarse de forma ejemplar, concluyó Ivanova Pool.
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