Por: Redacción/

La Cámara de Diputados aprobó con 389 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 203 y 205 bis del Código Penal Federal, para aumentar de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa las sanciones para quien cometa el delito de turismo sexual, pues en la actualidad es de 7 a 12 años.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, incluye un agravante cuando el autor de este ilícito tuviera con la víctima alguna de las siguientes relaciones: ejerza la patria potestad, guarda y custodia, sea ascendiente o descendiente sin límite de grado, familiar en línea colateral hasta el cuarto grado, tutores o curadores.

También se establece que en todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima.

En la fundamentación, la secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), expresó que este tema es de la mayor trascendencia para la sociedad, principalmente por las víctimas, que son personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Indicó que se requieren acciones legislativas contundentes para buscar, inhibir la comisión del delito y, en su caso, imponer castigos ejemplares y a su vez impedir otros que están íntimamente relacionados, como la trata de personas.

“A pesar de los esfuerzos realizados desde el ámbito legislativo y la implementación de políticas públicas en los últimos años, las cifras publicadas por diversas organizaciones internacionales y organismos de la sociedad civil, muestran que el delito de turismo sexual, lejos de disminuir, se ha incrementado”, añadió.

De acuerdo con estudios de la Unicef, alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata con fines sexuales en todo el territorio nacional, identificando puntos críticos como Cancún o la ciudad fronteriza de Tijuana, donde “la situación tiende a agravarse en comparación con otras entidades federativas”.

Mariana Rodríguez precisó que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las violaciones más graves a sus derechos humanos, que provoca trastornos, sufrimientos y consecuencias irreversibles, físicas, emocionales, psicológicas, no sólo para las víctimas sino para sus familias.

Conforme a cálculos de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, de los 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 1.39 millones están involucrados en la prostitución infantil forzada, 40 por ciento niños y 50 por ciento niñas.

Además, conforme el informe mundial sobre explotación sexual, se prostituyen entre 40 y 42 millones de personas, y de ellas, 80 por ciento son mujeres y niñas, la mayoría en edades que van de los 13 a los 25 años.

Lamentó que el turismo sexual aumentó en el mundo, pero destaca en América Latina. Es necesario, dijo, impulsar reformas legislativas e institucionales para enfrentarlo con fuerza y todas las capacidades del Estado.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, en épocas de vacaciones aproximadamente el 20 por ciento de los turistas busca relaciones sexuales pagadas, y de este porcentaje el 3 por ciento son con niñas, niños o adolescentes.

Resaltó que el incremento de la pena implica la homologación con la sanción dispuesta en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, con lo cual se evita disparidad de penas que pudiera favorecer a los sujetos activos del delito, cerrando una posible brecha de impunidad.

En los posicionamientos, el diputado David Orihuela Nava (Morena) destacó que algunas de las causas de que niñas y niños sufran de trata de personas, explotación y turismo sexual, están relacionadas con el hambre, pobreza, falta de oportunidades, pero también con la inseguridad, ya que en muchos casos estas situaciones derivan en secuestros.

Mencionó que la facilidad con la que en Internet puede cometerse comercio ilegal, ha servido como plataforma potenciadora de este problema, pues en distintas webs y foros puede encontrarse información para contactar y ubicar los destinos y lugares en los que existe oferta de turismo sexual, así como comprar a las víctimas. “Este delito es un cáncer que crece de manera alarmante en el país”.

De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Erika Mariana Rosas Uribe mencionó que México no únicamente es atractivo por sus paisajes y gente, sino ofrece un paraíso para el turismo sexual. Unicef calcula que 1.8 millones de niños y niñas lo sufren. En algunos países es fácil, barato, incluso, ropa y comida son intercambiados por sexo. “La pobreza y la desigualdad son importantes factores que generan estos lamentables fenómenos”.

Añadió que se calcula que más del 80 por ciento de las víctimas ofrecidas a turistas son mujeres engañadas o forzadas a prostituirse y más del 50 por ciento son menores de edad. “La desigualdad de género, la pobreza y la migración contribuyen a que México sea visto como fuente de tránsito y destino de trata de personas, el segundo negocio ilícito más lucrativo, solo detrás del narcotráfico”.

Su compañero de bancada, diputado Luis Enrique Martínez Ventura indicó que el Instituto Belisario Domínguez destaca que en México, en 2016, el número de víctimas de trata de personas se estimó en 500 mil casos, de los cuales alrededor de 70 mil fueron menores de edad sujetos a explotación sexual, donde 45 de cada 100 casos se refieren a niñas indígenas.

Además, en este delito están involucrados 47 grupos de delincuencia organizada, de tal forma que en un contexto internacional, México ha sido catalogado como el segundo país con mayor actividad de turismo sexual, colocándose como de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. “La infancia mexicana merece todo nuestro apoyo y respeto”.

Lizbeth Mata Lozano, diputada del PAN, puntualizó que este tipo de delitos constituyen un negocio mundial a través del cual redes delictivas nacionales y trasnacionales hacen grandes negocios que les representan altas ganancias ante la creciente demanda, la impunidad y la corrupción que los contextualizan.

Con este dictamen se pretende que se le trate como delito grave y no tan a la ligera, porque actualmente el Código Penal contempla una penalidad muy baja para el tipo de daño que ocasiona a las niñas y niños. “Esta infracción debe sancionarse de forma severa para que quienes lo cometan paguen las consecuencias del daño. Defendámoslos y ayudemos a que los delitos en contra de todas y todos ellos sean sancionados adecuadamente”.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar (PRI) puntualizó que durante los últimos años la trata de personas con fines de explotación sexual se cataloga como uno de los que registra el mayor número de casos en el mundo; sin embargo, a pesar de constituir uno de los ilícitos que más daños físicos y emocionales genera, el gobierno carece de datos actualizados y acciones para identificarlo, sancionarlo y prevenirlo.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, el delito prolifera particularmente en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Quintana Roo. “Es ejercido con total impunidad y muchas veces al amparo del poder en espacios públicos, operando como supuestas casas de masaje y servicios de acompañamiento. Debemos promover mejores acciones legislativas y políticas públicas para garantizar un marco jurídico que permita su sanción efectiva y erradicación”.

Por el PES, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández condenó la práctica aberrante del turismo sexual, el cual “es un delito de esclavitud moderna y fenómeno multifactorial que ha proliferado por la corrupción y la impunidad que por décadas el país ha padecido”.

Lo más terrible, dijo, es cuando participan familiares cercanos a las niñas, niños y adolescentes, quienes son los que promueven esta actividad ilícita con la complacencia de las autoridades. “Es fundamental proteger y garantizar las libertades y los derechos de la niñez e indígenas, que padecen con más frecuencia la trata de personas en su modalidad de turismo sexual, así como sancionar severamente a quienes operen y faciliten esta actividad. Nos pronunciamos por un México sin cadenas, sin pedofilia, sin trata de personas y sin turismo sexual”.

Carmen Julia Prudencio González, diputada de MC, señaló que lo más aberrante en este delito “es que quien lo comete se autojustifica argumentando que quien tiene la culpa de que esta práctica exista son los mismos menores de edad y que, por lo tanto, no son víctimas. Es lamentable que desde hace 15 años México se haya convertido en un paraíso para este ilícito, principalmente en zonas turísticas”.

Añadió que ningún caso de turismo sexual puede ser encubierto, subestimado, para lo cual es necesario cambiar la mentalidad. El encubrimiento de los abusos, dijo, favorece que se extienda este mal debilitando su prevención y fortalece su práctica. “Las víctimas de este delito dejan en ellas heridas profundas e imborrables que se manifiestan en rencor y tendencia a la autodestrucción”.

La diputada del PRD, Frida Alejandra Esparza Márquez precisó que una de las circunstancias más dolorosas que muestra la gravedad de las situaciones que pueden enfrentar los niños es la explotación sexual en cualquiera de sus expresiones. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes asegura que el turismo sexual es una actividad que lastima profundamente los tejidos de la sociedad.

En México las cifras son alarmantes, y aunque no se tienen claras por ser imprecisas, se estima que el país ocupa el segundo lugar en el ámbito mundial, sólo después de Tailandia, en turismo sexual infantil. Además, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que cada año alrededor de 21 mil niñas y niños son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual. “Es importante prevenir y combatir este delito”.

En la discusión, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) mencionó que de no cambiar la estructura económica de la patria “seguiremos condenando a nuestros niños y a nuestras niñas a que sean carne del turismo sexual. Eso es monstruoso, cuando deberían de estar en la escuela jugando, desayunando, comiendo y almorzando”.

Martha Patricia Ramírez Lucero, diputada de Morena, precisó que el turismo sexual en México es de las formas más extremas de violencia que los adultos ejercen contra la infancia. Según el Departamento de Estado Norteamericano, México es un país fuente, de tránsito y destino para la explotación sexual infantil. “Gran cantidad de niñas son traídas con engaños desde Guatemala, Honduras, El Salvador, y son vendidas a bares, mantenidas en situación de esclavitud y obligadas a prostituirse con el pretexto de cubrir sus gastos de alojamiento y alimentación”.

Por el PES, la diputada Elba Lorena Torres Díaz se pronunció a favor de armonizar el marco normativo para incrementar la pena a quien cometa el delito de turismo sexual, ya que altera la estabilidad social, la tranquilidad y, sobre todo, la libertad de las personas y más aún, cuando son niños, niñas, adolescentes e indígenas. “El compromiso es velar por el interés superior de los niños y los grupos vulnerables. Queremos un México en donde el turismo sexual sea una práctica totalmente erradicada”.

El diputado Édgar Guzmán Valdez (Morena) expresó que es necesario que desde el Poder Legislativo se actualice la norma jurídica para erradicar el abuso y el maltrato infantil. “Las niñas, niños y adolescentes no son juguetes sexuales, son personas sujetas de derechos e investidas de dignidad humana. El Estado debe garantizar su protección”.