Por: Redacción/
Legisladores del PRD en el Congreso de la Unión exigieron a la Procuraduría General de la República investigar y procesar penalmente a todos los involucrados en el caso de corrupción entre Odebrecht, Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto, pero sin la intervención de su titular, Raúl Cervantes Andrade, porque también está implicado en este caso que “ya apesta”.
En conferencia de prensa, Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Maricela Contreras Julián, respectivamente Coordinador, Vicecoordinador y presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, consideraron que sólo la complicidad de Cervantes Andrade y de Peña Nieto con los implicados explica la inacción de la PGR para proceder penalmente.
Martínez Neri recordó que Raúl Cervantes Andrade fue parte de la estructura del PRI cuando Emilio Lozoya Austin y Odebrecht empezaron a confabularse para que esta empresa entregara millonarios sobornos en dólares al futuro director de PEMEX a cambio de contratos en la petrolera mexicana.
“No creemos -dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados- que el hoy procurador Cervantes vaya a actuar con imparcialidad, pues como dice el pueblo mexicano, “chinto tapa chinto”, por lo que debe excusarse para que la PGR, como tal, aclare realmente qué paso en este evidente caso de corrupción iniciado, por lo menos, desde 2012”.
Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del PRD en San Lázaro, consideró este contubernio un claro ejemplo de delincuencia organizada en el que Cervantes Andrade no quiere intervenir, pues además de Emilio Lozoya y él mismo, también Enrique Peña Nieto se reunió en octubre de 2013, con Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa que lleva su nombre, para probablemente acordar otros sobornos a cambio de contratos del gobierno y las empresas mexicanas, como PEMEX.
Por eso -dijo-, aunque se firmó en diciembre de 2016 un acuerdo de confidencialidad por seis meses sobre las investigaciones entre las fiscalías de varios países cuyos funcionarios se involucraron con Odebrecht, la PGR se mantuvo omisa en sus obligaciones a pesar de que el plazo venció desde junio pasado.
“¿Acaso esto es esencialmente lo que quieren ocultar? ¿Qué desde 2012 se estuvieron acordando y cocinado los actos de corrupción que ahora están saliendo como materia escatológica a la luz pública? Bueno, pues esto es lo que no queremos nosotros: que quede en la impunidad”, dijo el sonorense.
Rechazó cualquier pretensión de dejar un hecho tan grave como éste como uno más en el anecdotario de la picaresca política mexicana y se pronunció porque los órganos legislativos, como la comisión especial para prevenir y evitar hechos como éste en el gobierno y sus empresas, así como las instancias de participación ciudadana, también intervengan y actúen para impedir dicha impunidad.
Maricela Contreras Julián lamentó que toda la información relativa a este caso haya provenido de autoridades de otros países desde su inicio y hasta la fecha, y que ni aun así las mexicanas actúen como lo hacen con otros actores, como futbolistas y cantantes presuntamente involucrados con otro tipo de delitos.
Bastó -dijo- que funcionarios de Estados Unidos involucraran a un futbolista y a un cantante con narcotraficantes para que inmediatamente intervinieran todas sus cuentas bancarias y sus bienes, pero en el caso de Lozoya no se actúa igual, tal vez porque las millonarias propinas que recibió de Odebrecht se fueron a la campaña presidencial de Peña Nieto.
Exigió que la PGR proporcione toda la información y los nombres de los implicados en su poder, pues nada le obliga a reservarla, y que ya deje de procurar justicia selectiva y facciosamente.
También exhortó a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN a sumarse al PRD para nombrar al fiscal anticorrupción, de modo que dicho funcionario prevenga y evite actos similares al actual.
En su oportunidad, los senadores del PRD Isidro Pedraza Chávez y Fernando Mayans Canabal señalaron que un gobierno corrupto como el mexicano evidentemente llega débil a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
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