Por: Redacción
Rocío Miranda Pérez, Presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, calificó de peligroso para el medio rural, zonas costeras y áreas de deshielo, a nivel mundial, el dejar en el abandono el cuidado del medio ambiente por parte de las naciones más poderosas como recientemente lo hizo Estados Unidos de Norteamérica y sí se garantiza un aumento en la inseguridad alimentaria en el orbe.
Miranda Pérez, dijo que no se puede olvidar que las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los sectores agrícola y forestal representan actualmente más del 30% de las emisiones anuales (la deforestación y degradación de los bosques el 17,4%, la agricultura el 13,5%).
Por ello consideró que el medio ambiente no puede estar sujeto a “caprichos políticos”, ni a “intereses empresariales” cuando el futuro alimentario, de abastecimiento de agua dulce y de control a fenómenos naturales exige acciones de alta seguridad.
Asimismo, indicó que es indispensable hacer un Frente Mundial en Defensa de los Acuerdos de Paris ante las exigencias de ciertos sectores como el energético, el carbonífero y los constructores de autos que, como sucedió en Estados Unidos, donde solo buscan su expansión sin controlar los efectos negativos cuando estamos en momentos donde los datos y los hechos ya no permiten ni negar, ni mentir, ni barrer el problema bajo la alfombra.
Recordó que la misma FAO advierte en sus estudios más recientes que el cambio climático en América Latina y el Caribe será considerable por su dependencia económica respecto de la agricultura, la baja capacidad adaptativa de su población y la ubicación geográfica de algunos de sus países.
Aseguró que las cifras no mienten y el sector agrícola es la actividad económica más afectada por el cambio climático, algo fundamental si se considera que aporta el 5% del PIB, el 23% de las exportaciones regionales y emplea al 16% de la población ocupada en la región antes citada.
No se puede soslayar el hecho de que el cambio climático aumentará tanto la sequía como la lluvia excesiva; una disminución de la disponibilidad de agua para la producción de alimentos y otros usos en las zonas semiáridas y los Andes tropicales, fruto del retroceso de glaciares, la reducción de la precipitación y el aumento de la evapotranspiración en las zonas semiáridas.
Por otro lado, se estima que las precipitaciones intensas se incrementarán aproximadamente un 7% por cada grado celsius de aumento de la temperatura, con consecuencias negativas para la agricultura, como agravamiento de la erosión, incremento de la escorrentía con pérdida de agua disponible e incluso daños a los propios cultivos como lo han establecidos organismos internacionales por lo que es una insensatez haber abandonado el Acuerdo de París cuando Estados Unidos es parte de un Continente en riesgo.
Tan solo, dijo, los cambios en la distribución de las lluvias a lo largo del año pueden poner en peligro la producción de la milpa (agroecosistema con cultivos simultáneos de maíz, frijol y calabaza), que constituye la base de la alimentación en las zonas rurales.
Todos estos aspectos deben ser considerados en las estrategias de seguridad alimentaria pues hasta el 2013, el 95% de la causa del calentamiento es el aumento de gases de efecto invernadero que resultan de las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles (carbón, gasolina, gas natural y petróleo) y la deforestación.
Por ello, insistió en que el Acuerdo de París busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles que, para fin de siglo, estabilizarían las temperaturas del planeta entre 1.5 y dos grados centígrados, entonces esa ruta no puede interrumpirse por un personaje autoritario como lo es Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.
Detener el cambio climático es urgente o empeorarán las condiciones de vida de agricultores, pescadores y quienes viven de los bosques.
Las comunidades rurales, especialmente las que viven en ambientes frágiles, se enfrentan a un riesgo inmediato y creciente de pérdida de las cosechas y del ganado, además de que la población empobrecida correrá el riesgo de inseguridad alimentaria por la pérdida de sus bienes y por la falta de una cobertura de seguros adecuada.
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