Por: Redacción/

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que modifica la denominación actual del Instituto de Administración de Bienes y Activos por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El Pleno lo avaló en lo general y en lo particular con 287 votos a favor, 117 en contra y 31 abstenciones, y se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y el decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicado el pasado 9 de agosto.

Surgió de una iniciativa que presentó el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, el pasado 14 de agosto, la cual fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y Población.

El documento sustituye en dichos ordenamientos legales las referencias al Instituto de Administración de Bienes y Activos –antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)– por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El diputado proponente señaló en su iniciativa que “la modificación tiene un valor simbólico muy relevante para la sociedad, pues implica un manifiesto expreso de la convicción que nuestro gobierno tiene respecto de la propiedad común que el pueblo debe ejercer sobre los bienes públicos y de su voluntad por recuperar todo bien arrancado a este y devolvérselo”.

“La nueva denominación pretende que los servidores públicos encargados de la administración y gestión de los bienes de la Federación no pierdan de vista la misión y visión de este organismo, el cual tiene finalidades dirigidas al beneficio del Estado y, en consecuencia, de todas y todos los mexicanos”, agregó.

La discusión se dio luego de que la Mesa Directiva le dio publicidad al dictamen y el Pleno autorizó que se sometiera a discusión y votación de inmediato.

El diputado José Luis Elorza Flores (Morena) fundamentó el dictamen en tribuna; posteriormente, hicieron uso de la tribuna diputados de diferentes grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas: Mónica Bautista Rodríguez (PRD), Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES), Martha Tagle Martínez (MC), Santiago González Soto (PT), Lucero Saldaña Pérez (PRI), Marcos Aguilar Vega (PAN) y Miguel Ángel Chico Herrera (Morena).

Después, diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen. A favor lo hicieron Vicente Alberto Onofre Vázquez (Morena), Mary Carmen Bernal Martínez (PT), María de los Ángeles Huerta del Río (Morena), Francisco Javier Borrego Adame (Morena), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena).

En contra, José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), Jacobo David Cheja Alfaro (MC), Dulce María Sauri Riancho (PRI), Jesús Guzmán Avilés (PAN) y Absalón García Ochoa (PAN).