Por: Redacción/

La Cámara de Diputados recibió de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Tercera entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

​La ASF presentó 872 informes individuales, que con los 268 de las dos entregas anteriores suman mil 808. De manera adicional se practicaron ocho auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores al amparo del Título Cuarto de la Ley de Fiscalización.

Enfatizó que se llevan recuperados y operados mil 647 millones de pesos, en virtud de que los procesos de aclaración están comenzando. Sólo tratándose de la revisión al gasto federalizado el monto observado asciende a 144 mil 430 millones de pesos.

Del total de auditorías, 819 se realizaron a entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México. Se llevaron a cabo 478 al Poder Ejecutivo federal, cuatro al Judicial, nueve al Legislativo y 11 a órganos autónomos.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), señaló que el informe considera 871 revisiones, de las cuales 777 son auditorías de cumplimiento financiero; 46 de desempeño y 36 combinadas, de cumplimiento y de desempeño.

Seis estudios del sector Hacienda y Crédito Público en temas demográficos, fiscales y económicos, y seis evaluaciones de políticas públicas. En total, se recibieron mil 793 auditorías y 14 estudios y evaluaciones de política pública.

Mencionó que el órgano de fiscalización determinó enfatizar la revisión en el gasto federalizado, que representa cerca de 75 por ciento de las auditorías realizadas.

La información permitirá determinar el impacto social que tuvo o dejó de tener la correcta aplicación del recurso público y se analizará con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), para coadyuvar a la cultura de la transparencia y rendición de cuentas.

Rodríguez Carrillo informó que ya se tiene el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019, “con lo que refrendamos nuestro compromiso de sumar esfuerzos a favor de la aplicación de los recursos obtenidos a través de los impuestos que generan mayores niveles de bienestar social”.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena) indicó que la política de austeridad republicana exige terminar con las áreas de opacidad y el desvío de recursos públicos, por lo que es necesario dar seguimiento puntual a las acciones preventivas y correctivas del órgano fiscalizador para que el fincamiento de responsabilidades culmine, sin excepción, en la aplicación de la justicia. Advirtió que la fase sancionatoria no se está llevando a cabo porque los más grandes corruptos depredadores gozan de total impunidad.

Por el PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez celebró la entrega final de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2018, con lo que se termina de fiscalizar uno de los sexenios más corruptos en la historia de México. Refirió que la revisión del gasto es el primer paso para señalar e investigar a quienes violan la ley en beneficio propio. Se pronunció por promover el correcto uso de recursos y dijo que la tarea de descubrir la corrupción corresponde a la ASF.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón (ES) destacó que el reto de la ASF es prevenir desvíos, discrecionalidad y la utilización de recursos de la deuda pública para financiar campañas, ante los procesos electorales de 2021. La relevancia de esta entrega es parte sustantiva del trabajo del Legislativo en términos del control y la fiscalización de recursos. Indicó que la ASF necesita del apoyo de este poder para actualizar la legislación y dotarla de instrumentos para el entorno actual.

La diputada Ruth Salinas Reyes (MC) afirmó que se revisará la información, y se pondrá énfasis en la rendición de cuentas, “no como un solo acto de simulación, sino de rendición de cuentas y vigilancia” y esto permitirá limitar los excesos que se han tenido de corrupción y que ha incrementado la desconfianza de la sociedad en las instituciones del Estado, porque según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, México sigue siendo de los países más corruptos al ubicarnos en el lugar 130 de 180.

Por el PT, el diputado Alfredo Porras Domínguez afirmó que esta comisión es la más importante de la Cámara Diputados, porque es la única que tiene una Unidad de Evaluación y Control dado que revisa y supervisa el destino del dinero del pueblo que se dimana en toda la administración pública federal, estatal y municipal. Pidió al auditor presentar, una vez que está el último informe, el estatus de estado por estado porque sería muy útil para que los diputados lo revisen.

La diputada del PRI, Marcela Guillermina Velasco González señaló que seguirá trabajando en las adecuaciones legislativas necesarias que enriquezcan los trabajos de fiscalización en el marco del Sistema Nacional de Anticorrupción. “Refrendamos el compromiso en esta Comisión y con la ASF para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos que esta Cámara aprueba”.

La diputada Josefina Salazar Báez, del PAN, destacó que, según cifras de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 138 de 180 países en materia de corrupción. “El reto es trabajar juntos y de manera coordinada el gobierno, el Congreso, las instituciones autónomas y la sociedad civil para construir un sistema de transparencia y rendición de cuentas que oriente el gasto público”.

De Morena, la diputada Lidia García Anaya solicitó al auditor establecer lazos de colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) para poder dar cauce a las carpetas de investigación que están olvidadas desde las cuentas públicas del 2013 y se busquen mecanismos para recuperar los recursos públicos que fueron mal administrados y se impongan las sanciones a los funcionarios.

El auditor Superior, David Colmenares Páramo, aseguró que cuando se han detectado indicios de corrupción “la ASF no ha vacilado en denunciarlos, coordinándose eficazmente con la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se procure justicia efectivamente y, de ser el caso, se sancione a los responsables con todo el peso del Estado de derecho”.

Precisó que el total de entes auditados ascendió a 549. Por primera ocasión fueron auditados los congresos locales.

Los beneficios económicos de la fiscalización han permitido, hasta hoy, que las recuperaciones operadas de la Cuenta Pública del año anterior asciendan a 9 mil 808 millones de pesos.

De manera adicional, se realizaron ocho estudios y seis evaluaciones de políticas públicas.

Colmenares Páramo sostuvo que el proceso de renovación avanza con solidez para marcar un verdadero punto de inflexión y mejorar las actividades con objetivos estratégicos como eliminar situaciones perversas en la realización de las auditorías.

Anunció que en breve se realizarán auditorías electrónicas con la aplicación de nuevas tecnologías que optimizarán la fiscalización, con el propósito de cubrir el cien por ciento de las muestras revisadas. Un aspecto adicional es la nueva estrategia para auditar la obra pública e infraestructura.

En relación con las denuncias penales, subrayó que la ASF coadyuva con la FGR en dar seguimiento permanente a todos los casos presentados, aportando pruebas y siendo parte en los juicios penales.

Se ha asistido a un sinnúmero de audiencias como garante de la correcta aplicación de los recursos públicos federales ante el Poder Judicial, en los que se establezca una posible afectación a la hacienda pública, como las irregularidades presuntamente cometidas por ex servidores públicos de las entonces secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Desarrollo Social (Sedesol).

Colmenares Páramo resaltó que a través de la suscripción de convenios, por ejemplo, con la Secretaría de Defensa Nacional se avanza en la revisión preventiva de grandes proyectos de interés de todos los mexicanos, como el Aeropuerto de Santa Lucía.

​De igual forma, el Programa Anual de Auditorías sobre la Cuenta Pública 2019 incluye temas prioritarios en el ámbito nacional, como el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya; las compras realizadas por la Oficialía Mayor de la SHCP, las estancias infantiles.

Además, el Consejo de la Judicatura Federal; la Comisión Federal de Electricidad; las políticas públicas de Igualdad de Género y medidas para erradicar la violencia contra las mujeres; la CNDH; la Conagua; el INE; el INAI; el Inegi; el Instituto Nacional de Migración; el Tribunal Electoral; el SAT; la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, así como nuevos entes a fiscalizar como lo son los congresos estatales y las auditorías locales.