Por. Redacción/

La secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Claudia Corichi García (MC), aseguró que la Cámara de Diputados trabajará para que en este periodo ordinario de sesiones quede resuelto el nombramiento de los titulares de los órganos de control de las diversas dependencias.

Durante la presentación del libro “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas Tomo IV”, la diputada refirió que los legisladores discuten para destrabar esta designación, cuyo proceso se paralizó debido a que se interpuso un amparo, lo cual detuvo la labor de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción.

Expresó que “la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha manifestado el interés de empujar este tema para que sea concluido a corto plazo”.

“Hay asuntos pendientes de gran relevancia como la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación, la cual es necesaria, pues este cargo no sólo promueve la rendición cuentas, sino abona a que exista menos corrupción e impunidad”, expuso.

Por otra parte, Corichi García afirmó que la obra presentada es parte de la colección titulada “Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas”, que ha abordado los temas de la reforma constitucional en materia de Anticorrupción y de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sus desafíos y efectos colaterales.

Detalló que este cuarto volumen convocó a renombrados académicos y funcionarios públicos de diversos perfiles disciplinarios, a fin de integrar 41 ensayos, donde se analizan de manera transversal, los efectos que la reforma anticorrupción.

Agregó que el libro, con un lenguaje claro y ameno, explica la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas, los aspectos procesales de la ley, la ética, la democracia, los derechos humanos y los sistemas de control interno, por mencionar algunos aspectos.

Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control, destacó la colaboración de 41 coautores en este cuarto tomo. “Lo que empezó con una participación, por medio de una invitación de la Comisión de Vigilancia, se ha venido incrementando con otras más”.

En su conferencia magistral “Empresas fantasma, vértice de la corrupción”, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, enfatizó que esos negocios ilícitos son utilizados para evadir impuestos, desviar recursos públicos y, en temporadas electorales, son un mecanismo para financiar campañas políticas.

La evasión fiscal, la inflación y la corrupción no se solucionan con reformas legales; se necesita que el SAT y la PGR persigan evasores fiscales, subrayó.

Comentó que “el discurso que se debería exigir a los candidatos a puestos de elección para presidente, diputados o senadores, es que cuando se hable de combate a la corrupción no se hable de reformas legales”.

“Si no rompemos el ciclo de cinismo, no vamos a avanzar en los temas de recaudación y control del desvío de recursos públicos, y mucho menos en el financiamiento de campañas políticas de manera ilegal”, resaltó.

Afirmó que no existe conocimiento del impacto que tienen las empresas “fantasma”; sin embargo, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), estos negocios, tan sólo del lado de la recaudación, representan el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero también afectan al ingreso, ya que hay desvío de recursos públicos.

El SAT sostiene que en el 2012 se presentó un aumento de facturación procedente de empresas “fantasma”, refirió el legislador. Subrayó que, en los próximos comicios, el Instituto Nacional Electoral no tiene la facultad de fiscalizar las que operan en las campañas políticas ni saber su número.

“La recaudación fiscal pasa por una temporalidad de asfixia, donde los ingresos petroleros han sido cimbrados; existe un gasto público incontrolado, a través de estas empresas, en donde la obra y los servicios no se realizan; por lo tanto, continuó, no se satisfacen los requerimientos básicos de la población como la seguridad, salud y educación”.

Apuntó que los desvíos de recursos son un tema sensible, pues en ocasiones interviene la delincuencia organizada y hasta el narcotráfico, por ello, recomendó, es necesaria una política de Estado y no de recaudación.

Pérez de Acha dijo que combatir y prevenir la corrupción y el narcotráfico exigen una visión y decisión de Estado, “no de modas o coyunturas; tampoco corresponde a los ciudadanos solucionarlo porque no gobiernan”.

“Hablar de anticorrupción en la Constitución es un contrasentido, implica el reconocimiento de la completa debacle institucional, en lo que debería ser lo ordinario, como el manejo correcto de los recursos públicos, el combate de la delincuencia en cualquiera de sus modalidades y la coordinación entre autoridades”, consideró.

“El combate a la corrupción es muy buen discurso político, pero al momento de implementarlo la voluntad no se materializa. La solución radica en la prevención, no en la sanción”, manifestó.