Por: Redacción/
Para erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género se requiere la respectiva tipificación penal, así como establecer sanciones expresamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; son las acciones afirmativas para su prevención, afirmó la Consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas.
Además, especificó la necesidad de garantizar que cuando una mujer renuncie a un cargo público o requiera una licencia este espacio debe ser ocupado por otra mujer, ya que “fue ganado por una”.
Durante su participación en el ejercicio de parlamento abierto “Violencia Política de Género”, celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ravel Cuevas puntualizó que en la citada ley debe quedar “expresamente establecida qué sanción corresponde a este tipo de acciones”.
Asimismo, agregó, “la falta de tipificación de la violencia política representó –en las elecciones de 2018- para las autoridades electorales un reto adicional porque nos orilló a tener que juntarnos para hacer un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia política”.
Para dicho protocolo, indicó, el INE “jaló la definición de violencia política contra las mujeres al Reglamento de Quejas y Denuncias del instituto”; sin embargo, “sucede que con los reglamentos norman lo que establecen las leyes y es evidente que en las mencionadas leyes no está”.
“Fue la única salida que encontramos para tener un asidero legal y poder dar certeza a las y los actores políticos sobre las quejas”, abundó.
Señaló que para erradicar la violencia política de género no debe ponerse en riesgo el principio de paridad “en ningún caso”, ya que –citó como ejemplo- si se quiere favorecer a algún grupo vulnerable, se pueden ejecutar, con antelación, acciones afirmativas que promuevan su inclusión, sin vulnerar la paridad.
“Se tendría que establecer en la legislación que no se puede atentar o vulnerar el principio de paridad de género para incluir a un grupo en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminado”, añadió.
Otro reto, sostuvo, radica en la inclusión de las mujeres trans. “Es de aplaudir una medida progresista y que busca la inclusión de todas las personas, los ciudadanos; sin embargo se tienen que establecer candados para que no existan simulaciones en perjuicio del principio de paridad de género”.
Respecto de las renuncias masivas de mujeres, agregó que cuando existe una renuncia otra mujer debe ocupar ese lugar, porque “ese lugar fue logrado por ella y, por lo tanto, debe ser ocupado por otra y eso se tiene que decir expresamente en todas las legislaciones”.
En su oportunidad, Belen Sanz Luque, representante de la Organización de las Naciones Unidas, Mujeres (ONU-Mujeres), destacó que para eliminar estas barreras que impiden la erradicación de la violencia política, “es fundamental articular y garantizar la accesibilidad de la amplia gama de acciones institucionales que ya existen”.
Además, “reconocer el protocolo enfatizando en que todos los esfuerzos de carácter legislativo, judicial y administrativo tomen en consideración las distintas interseccionalidades que viven las mujeres que participan en política”.
Informó que, de acuerdo con un estudio elaborado por ONU-Mujeres, la mayor parte de las agresiones políticas por razón de género contra mujeres se llevan a cabo en los procesos de campaña, previos a las elecciones electorales.
Abundo que “desde el punto de vista de la agenda de desarrollo sostenible, destaca que no podemos avanzar en democracia incluyente si no reconocemos la diversidad de las mujeres que participan en la política”.
La plena participación de las mujeres en la política “requiere identificar las intersecciones que viven, porque además de ser discriminadas por razón de género, pueden serlo por su pertenencia étnica, identidad sexual o por cualquier otro factor”, por ello, es necesario un avance en la materia, apuntó.
“Hoy más que nunca en México hay participación de las mujeres en los espacios públicos, y ha aumentado el optimismo de este fuerte compromiso”, concluyó.
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