Por: Redacción/
Con el fin de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas presentó una iniciativa para que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas, apropiadas y adecuadas para estos, así como personal capacitado en sus derechos, en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN propuso también que el personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en los dormitorios de mujeres o donde se alojen niños, niñas y adolescentes no acompañados menores de doce años, sea exclusivamente del sexo femenino.
La Ley de Migración reconoce que los menores de edad no acompañados son un grupo en situación de vulnerabilidad, por lo que, en aquellos casos en los que algún menor sea puesto a disposición del INM, este procederá a canalizarlo de manera inmediata al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La propuesta busca que, cuando por alguna circunstancia excepcional lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del DIF, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos.
La promovente señaló que uno de los temas que es considerado como prioridad a nivel mundial es el relativo a los derechos humanos de las personas migrantes, toda vez que estos pueden estar sujetos a diferentes dificultades como lesiones, discriminación, robos, privación ilegal de la libertad, violaciones de sus derechos humanos, trata de personas para explotación laboral o sexual, enfermedades, entre otras.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), EN 2019, los niños migrantes representaban el 14 por ciento de la población migrante total y el 5.9 de la población total. El número estimado de jóvenes migrantes también aumentó de 22.4 millones en 1990 a 30.9 millones en 2019. En 2019, los jóvenes migrantes representaban el 11.4 por ciento de la población migrante total y el 5.1 de la población total.
Según el documento Estadísticas Migratorias Síntesis 2019, elaborado por la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, en el 2019 se presentaron 186 mil 750 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria. De este total, 51 mil 999, es decir, el 27.84 por ciento eran menores de 18 años. De los casi de 52 mil menores, 27 mil 741se encontraban no acompañados, es decir, el 53.34 por ciento.
La legisladora explicó que al viajar solos o al ser separados de sus padres, los menores de edad se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, convirtiéndose en presa fácil de los grupos de la delincuencia organizada y objeto de prácticas de trata de personas.
Detalló que los extranjeros con estancia irregular en el país detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) deben ser alojados en una estación o estancia migratoria. Sin embargo, en México ha sido evidenciada la falta de atención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, quienes no deberían estar privados de su libertad.
Espinosa Rivas denunció que aún existen vacíos en materia de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, por lo que es necesario homologar los mecanismos que permitan salvaguardar sus derechos fundamentales, evitando que sufran abusos al encontrarse en una situación de alojamiento a cargo de las autoridades migratorias.
Indicó que la Constitución, en su artículo 4°, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio interés superior de la niñez, garantizando de manera plana sus derechos. La diputada apunta que esta iniciativa fue enriquecida con observaciones hechas por parte distintas dependencias de la administración pública Federal.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración, fue turnada directamente a la Comisión de Asuntos Migratorios, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, ambas de la Cámara Diputados.
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