• El Comité Coordinador, es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Por: Redacción/

Con el objetivo de tener mayor coordinación entre las autoridades que forman parte del sistema anticorrupción y el sistema fiscalizador, la senadora Sasil de León Villard presentó una iniciativa con el objetivo de incluir al y a la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, propone que cuando se trate de denuncias y querellas penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías, la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción deberá investigarlas y sustanciarlas en un plazo no mayor a 45 días hábiles.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PES en la Cámara Alta aseguró que esta propuesta ayudará a fortalecer la lucha contra la corrupción emprendida por la administración actual, fortaleciendo a las instituciones para desarticular las redes viciadas que permiten desvíos y mal uso de recursos importantes del erario Federal. “El combate a la corrupción debe ser enfrentado en todas sus facetas y evitar que los ciudadanos y el bien común, sigan siendo afectados”, apuntó.

Cabe recordar que el Comité Coordinador, es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Actualmente, los integrantes de dicho organismo son un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside; el titular de la ASF; el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La legisladora denunció que las administraciones pasadas empleaban esquemas de triangulación de dinero hacia empresas fantasmas, simulando la adquisición de servicios y adquisiciones de bienes que pedían las secretarías de Estado, a través de una excepción en la Ley que permite a los entes públicos realizar convenios sin licitación con otras entidades de gobiernos, siempre y cuando comprueben tener la capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento del objeto del contrato.

En este sentido, indicó que la ASF ha presentado la Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal para que el SAT audite a estas empresas, así como la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por estos hechos. Lo preocupante, puntualizó, es que en este esquema no hubo una detección de estas transacciones irregulares por parte de la UIF.

Esta omisión, detalló Sasil de León, es importante, ya que subraya la frágil coordinación entre la UIF y los ministerios públicos Federal y, en particular, con las procuradurías de los estados y otras instituciones miembros del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual hace más difícil la tarea de detener con mayor eficacia el lavado de dinero.

La senadora afirmó que su bancada continuará realizando reformas legales que coadyuven al combate frontal y eficiente contra la corrupción, por lo que “seguiremos trabajando para fortalecer las instituciones del Estado, con la finalidad de mejorar los procesos gubernamentales que den certeza jurídica y transparencia a la sociedad”.

La iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan dos fracciones al artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y por el que se adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.