Representantes del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), respaldaron la iniciativa de la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena) para incorporar la perspectiva de género en el trámite y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios por faltas administrativas graves de acoso y hostigamiento sexual, previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Al coincidir que la propuesta ayudará a contar con un protocolo de actuación que fortalecerá la resolución de los procedimientos por acoso y hostigamiento sexual de personas servidoras públicas, Ana Lilia Ramírez Ortega, directora general de la Contraloría del Poder Judicial; y Ana Laura Martínez Moreno, magistrada del TRIJAEM, resaltaron que la iniciativa también coadyuvará a proteger a las víctimas y a que las autoridades puedan sostener una resolución ante las faltas graves que se cometan.

En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local, presidida por el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena), quien reconoció que estas observaciones enriquecen la iniciativa, la legisladora Mónica Álvarez pidió que se solicite a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) una reunión de dictamen, toda vez que calificó prioritario juzgar con perspectiva de género para proteger a las víctimas.

El legislador Gerardo Ulloa compartió que el 23 de mayo pasado la diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) solicitó el análisis de una iniciativa similar, aunque la Jucopo no la turnó a la Comisión, por lo que requirió que por el momento se enviaran solo las observaciones a la propuesta de la legisladora Mónica Álvarez e indicó que se pedirá una reunión de dictamen.

Al respecto, el diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI) reconoció que la propuesta ayudará a la protección de las servidoras públicas en los casos de violencia y hostigamiento sexual por razones de género y propuso que las funcionarias sugieran cómo se podría evitar que las personas denunciadas generen gastos al solicitar reinstalaciones y pagos suspendidos.

Cabe señalar que la iniciativa busca lograr una mayor efectividad en la imposición de sanciones por las faltas administrativas graves de acoso y hostigamiento sexual previstos en el ordenamiento, así como especificar el deber de las autoridades investigadoras de evitar la revictimización de las personas afectadas por actos de violencia sexual o de género y recabar, de oficio, las pruebas necesarias que permitan el mejor conocimiento de la verdad.