Por: Redacción

El Senado de la República aprobó, en votación económica, tres puntos de acuerdo en los que se pide fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPI-NNA), con el objetivo de que emprenda acciones certeras para erradicar la violencia que afecta a 62 por ciento de los infantes, y que integre una base de datos nacional para tener certeza de los avances de las políticas públicas a favor de la infancia.

“En el Senado hemos trabajado como un solo equipo a favor de los derechos de la infancia, y somos garantes para que la ley en la materia permee y se cumpla en los tres órdenes de gobierno”, afirmó la secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Yolanda de la Torre Valdez.

Durante la sesión de este martes, expuso que en el primer punto de acuerdo se reconoce la acción emprendida por las autoridades de los tres órdenes de gobierno para concretar políticas a favor de la infancia y, en el marco o de la conmemoración del 11 de octubre “Día Internacional de la Niña”, se les pide se emprendan las acciones necesarias para empoderar a niñas y adolescentes.

Se solita al Ejecutivo Federal, además, que a través del SNPI-NNA, se conforme el sistema de información previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan a las autoridades federal, estatales y municipales implementar y fortalecer estrategias para el empoderamiento de los infantes, en particular de niñas y adolescentes, en todos los ámbitos de la vida.

La senadora Michelle Arandine Barrón Vivanco presentó el segundo punto de acuerdo, en el cual se pide la integración de una base de datos nacional de los infantes, en especial los que se encuentran en mayor vulnerabilidad, en cumplimiento a los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

A más de un año de decretada dicha ley, sostuvo, aún no se cuenta con el “Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Bases de datos de niñas, niños y adolescentes”, por lo que en México no se tiene cifra exacta de menores de edad en centros de asistencia social.

Asociaciones civiles estiman que hay 29 mil 310 niñas, niños y adolescentes que viven en 703 instituciones, “cifra muy superior a la declarada por el INEGI” en el censo 2010, que señaló 19 mil 174 menores en casas hogar; en tanto, el DIF apunta que son 27 mil 757 infantes quienes habitan en centros públicos y privados.

Del total de estos menores, seis mil 341 se encontraban en instituciones por una situación de abandono; 4 mil 841 a causa de maltrato; 244 eran expósitos; 16 mil 33 por otras situaciones como disposición del Ministerio Público por ser víctimas de tráfico de menores. A causa de orfandad, sumaban 199, de los cuales 99 quedaron huérfanos debido a situaciones del crimen organizado.

“Urge que el Sistema Nacional de Información sea la base de la planeación, organización, dirección y control de todas las acciones en favor de la atención, defensa y protección de los infantes, así como para conocer cómo se está beneficiando cada niño del país con los programas y políticas públicas en los tres niveles de gobierno”, demandó la legisladora por el PRI.

La senadora Angélica del Rosario Araujo Lara dijo que el tercer dictamen, se refiere a la petición al SNPI-NNA para que refuercen las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado para su desarrollo integral.

“La violencia infantil es una problemática urgente de atender”, apuntó la senadora del PRI, al advertir que las estadísticas revelan que a diario fallecen dos menores de 14 años a causa de la violencia intrafamiliar y la derivada de la delincuencia organizada.

Este no es un problema menor, pues de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 62 por ciento de los niños en México han sido objeto de maltrato, lo cual pone en evidencia que no son debidamente cuidados y garantizados sus derechos, puntualizó.