Por: Redacción/

La diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo que exhorta a los poderes Legislativo y Ejecutivo de cada una de las entidades federativas para que establezca en sus estructuras administrativas la Secretaría del Migrante, mediante la cual se atienda a los mexicanos que envían remesas desde el extranjero.

La exposición de motivos señala que miles de mexicanos migran cada año a Estados Unidos para obtener mejores condiciones de vida, y que la recepción de sus remesas beneficia a la economía mexicana, y es base y sostén de miles de familias en nuestro país.

BBVA Bancomer estimó que en 2018 las remesas que llegaron a México alcanzaron 33 mil millones de dólares. Para el 2019 la expectativa es que alcancen 35 mil millones de esos billetes. Es decir, un aumento de 6 por ciento.

La proposición apunta que la presencia de la comunidad migrante en la economía estadounidense es cada vez mayor. Los mexicanos que se desplazan hacia el país del norte incentivan la economía de los estados donde el desarrollo económico no va aparejado a la demanda de creación de empleo, puntualiza.

Sin embargo, indica el texto, los migrantes reciben poco apoyo de los gobiernos estatales, a pesar de que estos se benefician de las remesas enviadas por los trabajadores mexicanos. Programas federales como “Paisano” y “Somos México”, detalla, no cuentan con suficiente cobertura para atender en tiempo y forma a los mexicanos que, en su calidad de migrantes, se encuentran en Estados Unidos de América.

Añade que la mayoría de los estados no tienen programas o acciones que atiendan las necesidades de estos migrantes, por lo que se requiere más apoyo de la Federación para implementar y coordinar programas en el ámbito local, que atiendan la gestión de trámites, brinden asistencia legal y faciliten la vinculación de los mexicanos en el extranjero con sus familias, entre otras muchas acciones.

El texto referido menciona que algunas entidades federativas ya cuentan en su estructura administrativa con una dependencia como la descrita, como Coahuila, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

El punto de acuerdo busca que los gobiernos y congresos estatales establezcan en la estructura orgánica de sus respectivas administraciones públicas, la Secretaría del Migrante, para que de manera oportuna atiendan las necesidades de la población de mexicanos en el extranjero y en retorno.

La proposición fue turnada directamente a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente.