Por: Redacción/

La senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso modificaciones a diversos ordenamientos para prevenir y sancionar la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Para ello, se plantea fortalecer el combate efectivo a la corrupción mediante la ley de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos, así como aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada de manera constitucional.

Además, establecer un sistema de cuantías adecuado al tamaño de la economía nacional para perseguir la defraudación fiscal de las personas morales y disminuir los supuestos de defraudación fiscal equiparada a los que sí pueda resultarles aplicable un régimen excepcional de investigación, persecución y sanción.

Se propone que el delito de defraudación fiscal sea sancionado con prisión de tres a nueve años cuando el monto del delito sea mayor de 2 millones 601 mil 410 pesos. Tratándose de personas morales, cuando el monto de lo defraudado sea mayor de 18 millones 209 mil 870 pesos.

Además, incorpora una sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Las mismas penas serán aplicables a quien permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales, señala el documento.

Prevé que cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos. En caso que cause daños o perjuicios al Fisco Federal, la inhabilitación será de 20 a 30 años.

En los artículos transitorios se instruye al Senado de la República a crear el Observatorio Legislativo de la Elusión y Evasión Fiscales. Dará seguimiento a las acciones relacionadas a la elusión fiscal, realizados por empresas fantasma, facturas falsas u operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, así como la investigación y persecución de la evasión fiscal.

La propuesta de modificación se plantea a través de reformas a las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada; de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; Fiscal de la Federación.

De igual forma, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y del Código Penal Federal.

La iniciativa fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado.