Por: Redacción/

Durante la presentación del Informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la Policía en México”, por Amnistía Internacional (AI), especialistas y activistas sociales llamaron a eliminar de la Constitución y de la legislación, la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, precisó que el Informe contribuye a identificar el problema, reconocerlo y corregir los hechos incorrectos, pues muestra las formas en que ocurren los arrestos de la policía en México.

El análisis, agregó, destaca seis casos documentados por AI e ilustra los problemas y violaciones de derechos humanos descritos por los operadores de justicia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los entrevistados.

“No se pone en la picota a las policías”, puntualizó. Lo que se tiene que hacer es formarlos en la ruta que ordena la Constitución y el marco jurídico; tampoco se puede dejarlas solas o simular que se está haciendo algo, sino que se debe promover reformas para reeducarlas y garantizar su profesionalización, así como para contar con controles internos y externos que ayuden a parar las detenciones arbitrarias, acotó.

Carlos Karim Zazueta Vargas, investigador para México de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional, apuntó que durante años se han documentado graves violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, en donde el punto en común es una mala detención, que en muchos casos no tiene la intención de llegar a una grave violación, pero que desencadena errores que termina con la muerte o desaparición de una persona.

En el análisis se encontró que los operadores de justicia ven lo mismo que las víctimas: las policías detienen arbitrariamente, extorsionan, están coludidas con narcotráfico o con otras formas de delincuencia, siembran evidencias, entre otras, con lo que se desencadena la prisión preventiva oficiosa.

Reconoció que no son las corporaciones policiacas o los policías los que están mal, sino el sistema de justicia, ya que no permite que se trabaje bien; por lo que, dijo, se tiene que garantizar que los operadores de justicia cuenten con capacidad, independencia y recursos para llevar a cabo su labor.

Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que no hay un número de detenciones arbitrarias en México por tratarse de un acto tan irregular. “Es una acción del Estado y una actuación de la policía tan irregular que no podemos cuantificarlo porque la gente no lo denuncia”.

Las falsas sospechas hacen que las prisiones se llenen de presuntos responsables de delitos; más de 90 mil personas de las 250 mil que están en prisión están esperando un proceso judicial, señaló y agregó que en 2016, la CNDH reportó que las detenciones arbitrarias fueron el cuarto motivo de queja con una cifra de 10 mil 249.

Recomendó al Congreso eliminar de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa, dejando la decisión sobre su adopción en la determinación individualizada que hagan las juezas y jueces; así como revisar el Sistema Penal para garantizar un sistema de derechos humanos fuerte en el que el Estado esté obligado a investigar de manera diligente, con tecnología, recursos y con gente capacitada.

“Se debe romper la falsa dicotomía de los derechos humanos vs éxito o fracaso del sistema de justicia penal”, y este informe da elementos para ello, sostuvo.

Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), aseguró que la situación que se vive es delicada y que las ejecuciones extrajudiciales no se transformarán de la noche a la mañana, por lo que se tiene que iniciar un proceso cuidadoso de documentación, denuncia y diálogo que permita ir avanzando.

El Senado, agregó, debe aprovechar esta oportunidad y liderar el proceso de poner a México en línea con sus compromisos internacionales y derogue de la Constitución y de la legislación las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa que no tiene cabida en una sociedad democrática y solo sirven como pretexto para que las policías y fiscalías no hagan bien su trabajo.