Por: Redacción/

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que primero será necesario reformar la Constitución Política para poder crear una Ley General contra el Desplazamiento Forzado Interno.

“Necesitaríamos empezar con una propuesta de reforma constitucional que dote al Congreso de la facultad para expedir una ley general sobre este tema, que aplicaría en todas las entidades federativas”, señaló la legisladora, en entrevista.

En un ejercicio de parlamento abierto, la Cámara de Diputados llevó a cabo el 6 y 13 de marzo mesas de análisis sobre el desplazamiento forzado interno, con la participación de representantes de organismos nacionales e internacionales, asociaciones civiles, víctimas, académicos y diputados locales y federales, entre otros.

En dichas mesas se planteó la necesidad urgente de legislar sobre este asunto, comenzando por tipificar el desplazamiento forzado interno en el Código Penal Federal, y continuar con la expedición de una ley general para combatir esta problemática y atender a las víctimas.

Derivado de este ejercicio, el pasado jueves 14 de marzo, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen que tipifica como delito el desplazamiento interno en el Código Penal Federal, con penas de entre seis y 12 años de prisión y multas de entre 300 y 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La diputada Ortega Martínez apuntó que ahora el reto de los legisladores es construir una ley general sobre esta materia.

“La intención es combatir el desplazamiento interno forzado, es decir, aquellos movimientos de personas que son obligadas a cambiar su lugar de residencia por amenazas o por el ejercicio de la violencia”, indicó.

“Lo que más se ve en este tema es que grupos criminales atentan contra asentamientos de grupos de personas que tienen su residencia en un determinado lugar y los obligan a irse, o puede ser también por otras causas, como cuestiones religiosas, discriminación, etcétera”, añadió.

La legisladora panista enfatizó que para empezar a construir el proyecto de ley se debe continuar con los ejercicios de parlamento abierto, a fin de lograr un producto consensuado que recoja la anuencia de todas las fuerzas parlamentarias.

“Al hablar de una ley no estamos hablando solamente de la parte punitiva, sino también de las políticas públicas y de las áreas del gobierno federal que tendrán que crearse para poder combatir este delito”, comentó.

“Esto implica revisar todas las aristas posibles, de entrada el impacto presupuestal que también estamos obligados a revisar; realizar una serie de foros temáticos sería lo más responsable para efecto de que la ley tenga la mejor construcción posible”, agregó.

Por su parte, el diputado Rubén Cayetano García (Morena), secretario de la Comisión de Justicia, expresó su respaldo a la intención de expedir una Ley General contra el Desplazamiento Forzado Interno; sin embargo, consideró que su creación tardará más de un año.

Por ello, dijo, mientras se lleva a cabo su análisis y dictaminación, primero es necesario tipificar como delito el desplazamiento forzado interno, “porque es un flagelo social que está ocurriendo contra miles de personas”.

El también coordinador de la Subcomisión sobre el Caso Ayotzinapa, Desplazados y Desaparición Forzada, de la Comisión de Justicia, apuntó que las víctimas de desplazamiento quedan en un estado de vulnerabilidad, y por ello urge legislar sobre el tema, y el primer paso es reformar el Código Penal Federal.

“Las víctimas no se llevan documentos, abandonan su lugar de trabajo, sus actividades económicas, no tienen acceso a los servicios de salud, sus hijos no tienen acceso a la educación, quedan en estado de indefensión. Probablemente en la ley general ya se vea como política pública”, finalizó.

Cabe mencionar que durante la pasada Legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República, las bancadas de MC y PRD presentaron iniciativas para expedir una ley sobre el desplazamiento forzado interno.