Por: Redacción/

Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y la de Estudios Legislativos, Primera, analizan una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, y la del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

La propuesta es devolver a los pueblos originarios los derechos sobre su tierra, para que tomen la decisión del cómo explotarla, su cuidado y la divulgación de su cultura y tradiciones en sus territorios. También se contempla que las comunidades indígenas, tengan derecho a emitir una opinión consultiva dentro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

A nivel nacional, aproximadamente 25 millones de personas se consideran a sí mismas como indígenas. Prevalecen 176 Áreas Naturales Protegidas de orden Federal en todo el país, y en 80 de ellas, existen comunidades indígenas colindantes, las que han preservado dichos ecosistemas sin generarles daño alguno.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se concluye que en el gobierno de la cuarta transformación, debe terminarse con los prejuicios hacia las comunidades indígenas, para que éstas, ya no sean motivo de segregación de abandono o de olvido.

Proteger sus derechos, para que nadie pase por encima de estas comunidades, ya que en la actualidad se observa cómo aldeas enteras son arrasadas por empresas con intereses mezquinos. Detalla que con actos de corrupción, se les conceden permisos para operar, dañando los ecosistemas, y a las poblaciones indígenas aledañas, forzándolas a salir de la zona con un desplazamiento.

La propuesta apunta a que se otorgue a las comunidades indígenas, el reconocimiento para que puedan presentar la declaratoria de Área Natural Protegida, y en su caso, la facultad para la explotación moderada de recursos, dentro de las mismas.